Los hechos son estos: Una propuesta legislativa sobre crédito al consumo plantea límites y nuevas obligaciones para microcréditos, tarjetas revolving y prestamistas no tradicionales. El borrador redefine umbrales de alto coste, impone topes de interés y exige licencias a múltiples operadores.
La noticia llegó a las mesas legislativas en 2026 y generó críticas de sector y asociaciones de consumidores.
Los hechos
Según fuentes oficiales, el anteproyecto propone reducir el importe que define un préstamo de alto coste. El cambio condiciona topes de TAE según importe y plazo.
También introduce un diferencial sobre el tipo medio publicado por la autoridad monetaria. El texto obliga a licencias para operadores que hasta ahora operaban con menor supervisión.
El episodio ocurrió tras demandas públicas de asociaciones de consumidores por el aumento del sobreendeudamiento.
Empresarios del sector reclaman precisiones técnicas y periodos de adaptación para evitar efectos adversos en la oferta formal.
Las consecuencias
Si se recorta el umbral, muchos productos pasarán a someterse a límites más estrictos. Para prestatarios con ingresos bajos, la medida busca reducir cargas financieras insostenibles. Confirman desde la comisaría del sector que una restricción severa podría empujar demanda hacia canales no regulados.
Las entidades piden que la fórmula de topes contemple la tipología del crédito, destino de fondos y riesgo de la operación. Reclaman además distinguir con claridad entre TIN y TAE para evitar comparaciones erróneas.
En materia contractual, el borrador refuerza la información precontractual y permite anular contratos por falta de transparencia. Las asociaciones de consumidores consideran esas exigencias necesarias para que los prestatarios comprendan el coste real.
El contexto
El proyecto busca abrir el segmento de microcréditos a entidades reguladas para fomentar competencia. Sin embargo, el sector advierte que incluir a determinadas personas jurídicas podría mezclar perfiles de riesgo y reducir la oferta dirigida a particulares.
En las alegaciones figura la petición de reconocer figuras como la reserva de dominio en operaciones con garantías reales. Esa precisión técnica pretende evitar litigios y aportar seguridad jurídica en ventas a plazos.
Último dato: la tramitación parlamentaria definirá plazos de adaptación y el alcance real de licencias y topes. Los próximos meses serán clave para ver si la norma equilibra protección y acceso al crédito o si impulsa la migración hacia mercados menos regulados.