El Gobierno español ha anunciado un paquete de medidas destinado a reforzar la vigilancia sobre los envíos internacionales de bajo valor. Además del arancel provisional de 3 euros por paquete con un valor inferior a 150 euros procedente de fuera de la UE, se introducirán en los próximos meses controles aduaneros adicionales y una ampliación de la lista de productos que pasan por inspección.
Estas decisiones se dieron a conocer tras la reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización celebrada en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, con la presencia de representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó que la iniciativa persigue crear un sistema de alerta temprana en las fronteras para detectar fraudes y riesgos relacionados con la seguridad de los productos importados.
El objetivo declarado es garantizar que las mercancías compitan en condiciones equivalentes a las de la producción europea, sin perturbar el flujo del comercio internacional ni generar perjuicio para los consumidores.
Qué incluye el refuerzo de controles
La ampliación de la supervisión abarcará sectores concretos, como textil, calzado, juguetería, así como artículos de decoración y materiales de construcción.
Las aduanas intensificarán las verificaciones sobre la procedencia y la conformidad de estos bienes, combinando inspecciones físicas con procesos documentales más estrictos. Esta estrategia pretende reducir la circulación de productos no conformes o potencialmente peligrosos y evitar prácticas de competencia desleal que provienen de plataformas de bajo coste con origen fuera de la UE.
Cooperación institucional y actorías implicadas
Los controles se implementarán en colaboración con las comunidades autónomas y con la participación del sector industrial. El Gobierno busca que las administraciones territoriales actúen como socios en la ejecución de un plan que tendrá carácter progresivo y adaptable. Además, se espera la implicación de las plataformas de comercio electrónico para asumir una mayor responsabilidad solidaria sobre la seguridad de los productos que comercializan desde fuera de la UE, un concepto que incluye verificaciones preventivas y mecanismos de retirada si fuera necesario.
Mecanismos operativos
En la práctica, las aduanas combinarán controles aleatorios y focalizados, apoyados por listas ampliadas de categorías susceptibles de inspección. Se priorizarán envíos que presenten señales de riesgo, como discrepancias entre declaraciones, origen no claro o volúmenes anómalos. El sistema funcionará como una alarma temprana para identificar fraudes, contrabando o incumplimientos de la normativa de seguridad. Asimismo, se reforzarán los canales de comunicación entre empresas y autoridades para agilizar retiradas y cumplir con los requisitos legales.
Impacto previsto y garantías para consumidores
El Ejecutivo subraya que el objetivo no es poner trabas al comercio internacional, sino equilibrar el terreno de juego y proteger al comprador final. Según el ministro, las medidas se diseñan para minimizar costes adicionales para los consumidores y para evitar retrasos injustificados. La introducción gradual permitirá ajustar los procedimientos técnicos y logísticos, así como coordinar recursos entre aduanas, comunidades autónomas y el sector privado.
Equilibrio entre control y fluidez comercial
Para lograr este equilibrio, las autoridades combinarán controles de riesgo con procedimientos ágiles que reduzcan el tiempo de despacho. La meta es que la intensificación de la vigilancia sea efectiva contra productos peligrosos o irregulares, sin transformar la experiencia de compra en línea en algo más complejo para el ciudadano medio. Las plataformas deberán mejorar sus protocolos de control de proveedores y documentación, reforzando la trazabilidad y la conformidad de los artículos importados.
La combinación del arancel provisional, el aumento de controles aduaneros y la cooperación interinstitucional persigue reducir riesgos, combatir prácticas desleales y asegurar que los productos comercializados a través de plataformas digitales cumplan las normas de seguridad y calidad esperadas por los consumidores europeos.