Recientemente, el Parlamento vasco aprobó una iniciativa legislativa que busca abordar la creciente crisis habitacional en la región. Esta nueva ley de medidas urgentes en materia de vivienda, respaldada por partidos nacionalistas y socialistas, introduce cambios significativos en los requisitos de construcción y regulación de viviendas, generando un amplio debate entre diferentes actores políticos y sociales.
Con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, la normativa reduce el porcentaje de vivienda protegida que deben incluir las nuevas promociones, pasando del 75% al 60%. Este ajuste, según el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, responde a la necesidad de incentivar la construcción.
Anteriormente, la elevada exigencia había desincentivado a los promotores. Como él mismo expresó: «El 75% de cero es cero».
Medidas clave de la nueva normativa
Una de las características destacadas de esta ley es la creación de una reserva estratégica de suelo, administrada por el Gobierno.
Este terreno se destinará a la construcción de vivienda protegida para alquiler. Así, se establecerá que un 15% de los suelos libres de cargas se cederá a las administraciones que promuevan proyectos de construcción, siendo los ayuntamientos los principales beneficiarios. De este porcentaje, un 5% se destinará al Gobierno autonómico.
Según datos del Departamento de Vivienda, Euskadi cuenta con suelo calificado para la construcción de hasta 160.000 viviendas, de las cuales 75.000 podrían ser protegidas. Sin embargo, este potencial no ha sido aprovechado debido a la falta de interés de las constructoras, que se sentían limitadas por las exigencias urbanísticas. Con esta nueva regulación, se busca suavizar esas restricciones para atraer inversiones.
Agilización de trámites y sanciones
La ley también propone una agilización de los trámites administrativos, reduciendo significativamente los tiempos de espera. Se eliminará el programa de actuación urbanizadora y se implementará el silencio administrativo positivo, lo que significa que si no hay respuesta por parte de la administración, se considerará como un visto bueno. Además, se podrán declarar actuaciones prioritarias con procedimientos de urgencia, que disminuirán los trámites a la mitad.
En zonas de alta tensión, la ley prohíbe la creación de nuevas viviendas y habitaciones utilizadas para fines turísticos, con sanciones que oscilarán entre los 3.000 y los 20.000 euros en caso de incumplimiento. Esta medida busca aliviar la presión sobre el mercado de alquiler en áreas donde la oferta ha sido insuficiente.
Reacciones políticas y críticas
La aprobación de esta ley ha suscitado reacciones diversas entre los diferentes partidos políticos. Desde la derecha, el Partido Popular ha señalado que esta legislación representa el modelo más intervencionista de toda España y que no se ha considerado adecuadamente al sector privado. La diputada Ana Morales argumentó que las nuevas sanciones podrían agravar aún más la situación del mercado de alquiler, considerando que el 60% de vivienda protegida es una exigencia alta.
Por el lado opuesto, desde la izquierda, el grupo EH Bildu ha manifestado que la normativa está diseñada para favorecer a los promotores inmobiliarios, acusándola de responder a los intereses de un lobby específico. Además, sindicatos como ELA y LAB han expresado su preocupación, indicando que la nueva regulación no resolverá la crisis de vivienda, sino que beneficiará a los intereses del sector privado.
Frente a estas críticas, la ley se presenta como un intento de respuesta a una problemática compleja que requiere un enfoque equilibrado entre la necesidad de construir viviendas y la protección de los derechos de los ciudadanos. Con esta nueva regulación, el Gobierno vasco espera aliviar la presión habitacional y fomentar un desarrollo sostenible en el sector de la vivienda.