En un esfuerzo por proteger a los consumidores de abusos financieros, el gobierno español ha aprobado un anteproyecto de ley que establece límites en los costos asociados a los créditos al consumo, como las tarjetas revolving y los microcréditos. Esta medida surge ante la creciente preocupación por el elevado endeudamiento de los hogares, que ha alcanzado la alarmante cifra de 114.000 millones de euros, representando el 15% de la deuda total de las familias en el país.
El objetivo central de esta nueva legislación es proporcionar mayor transparencia y protección a los consumidores, quienes a menudo enfrentan tasas de interés exorbitantes. Por ejemplo, hasta ahora, los intereses de las tarjetas revolving han superado el 30%, mientras que algunos microcréditos han alcanzado tasas astronómicas de hasta el 4.000%.
Este contexto ha llevado al gobierno a establecer un límite transitorio del 22% para la Tasa Anual Equivalente (TAE) en estos productos financieros.
Límites establecidos en la nueva normativa
La normativa recientemente aprobada fija un límite del 22% en la TAE para los créditos al consumo, incluyendo microcréditos y préstamos rápidos ofrecidos a través de plataformas digitales.
Este límite se aplicará a todos los nuevos contratos de crédito y también afectará a los contratos vigentes de tarjetas revolving.
Cálculo de la TAE máxima
La TAE máxima para cada préstamo se determinará utilizando como referencia el tipo medio de crédito al consumo publicado por el Banco de España. A este tipo se le sumará un margen, que variará según el importe y el plazo del préstamo. Por ejemplo, para los préstamos de hasta 1.500 euros, se aplicará un margen de 15 puntos porcentuales; entre 1.500 y 6.000 euros, el margen será de 10 puntos; y para cantidades superiores a 6.000 euros, el margen será de solo 6 puntos, dependiendo del periodo de reembolso.
El Banco de España será responsable de actualizar estos límites de forma trimestral, asegurando que se mantenga la adecuación a las condiciones del mercado. Esto permitirá una mayor flexibilidad y adaptación a las fluctuaciones económicas.
Regulación específica para los microcréditos
La ley también aborda de manera específica los microcréditos, conocidos por sus altos costos. Se ha establecido un interés máximo mensual del 4% y una comisión máxima del 5%, que no podrá exceder los 30 euros en total. Además, se requerirá que estos préstamos se devuelvan en un mínimo de tres cuotas mensuales, proporcionando un respiro a los prestatarios que a menudo se ven atrapados en ciclos de deuda.
Ejemplo de ahorro potencial
Para ilustrar el impacto de esta nueva regulación, consideremos el caso de un microcrédito de 300 euros a 30 días. Actualmente, el costo promedio de este tipo de préstamo puede alcanzar hasta 103 euros, sumando intereses y comisiones. Sin embargo, con la nueva normativa, el costo máximo se reducirá a aproximadamente 40 euros si se devuelve en tres meses, o a solo 20 euros si se paga dentro de 30 días. Esta reducción significativa en los costos representa un alivio para muchas familias que luchan por equilibrar su presupuesto.
Mayor transparencia y control en el sector financiero
La nueva legislación no solo se enfoca en establecer límites de costos, sino que también busca aumentar la transparencia en el sector financiero. Las entidades que ofrezcan créditos al consumo deberán cumplir con obligaciones más estrictas en cuanto a la información precontractual, asegurando que los consumidores entiendan todos los términos y condiciones antes de firmar un contrato.
El ministro de Economía ha enfatizado la creación de una reserva de actividad, que permitirá que solo las entidades autorizadas por el Banco de España puedan otorgar créditos al consumo. Esto tiene como finalidad asegurar que todos los prestamistas operen bajo la supervisión de un organismo regulador, lo que a su vez fomentará la confianza de los consumidores en el sistema financiero.
A medida que este anteproyecto avanza hacia la aprobación final, se espera que marque un antes y un después en la forma en que se gestionan los créditos al consumo en España, brindando mayor protección a los ciudadanos y un marco más justo para la concesión de préstamos.