El Gobierno ha puesto en tramitación pública un anteproyecto de ley que reorganiza la respuesta institucional frente a la corrupción y refuerza la vigilancia sobre las empresas. La norma, integrada en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, plantea cambios notorios en la regulación societaria, la contratación pública y el régimen sancionador.
Entre las novedades destacan requisitos de transparencia para las Sociedades Limitadas (S.L.), la obligación de elaborar planes preventivos para empresas de cierto tamaño y la creación de registros públicos que afectarán a la capacidad de contratar con las administraciones.
El borrador del texto se ha sometido a audiencia pública hasta el 2 de marzo y su aprobación parcial ya figura en la agenda política; el Consejo de Ministros avaló el anteproyecto en su reunión del 17 de febrero. La intención del Ejecutivo es tramitar el proyecto en el Parlamento durante los próximos meses para incorporar, de forma escalonada, 84 medidas y modificaciones en 18 normas, con impacto tanto en el sector público como en el privado.
Transparencia y control sobre las sociedades limitadas
Una de las transformaciones más profundas afecta a las Sociedades Limitadas, que deberán identificar públicamente a sus titulares reales. Los administradores tendrán que presentar en el Registro Mercantil una certificación electrónica estandarizada, firmada con firma electrónica cualificada, detallando la distribución de participaciones y cualquier transmisión. Ese libro, que se depositará anualmente junto a las cuentas, recogerá gravámenes, transmisiones y titularidades registradas durante el ejercicio para garantizar una trazabilidad plena.
Consecuencias jurídicas y patrimoniales
El texto aclara que, a efectos frente a la propia sociedad y terceros, solo será socio quien conste inscrito en el registro. De este modo, derechos como el cobro de dividendos, la restitución de aportaciones o cualquier atribución patrimonial quedarán vinculados al asiento registral. Si la sociedad incumple, el Registro podrá dejar de inscribir documentos relativos a la entidad; y la persistencia de la infracción durante diez años consecutivos implicará la disolución de pleno derecho.
Planes de cumplimiento y prevención de delitos
El anteproyecto impone la elaboración de un modelo de organización y gestión dirigido a la integridad y a la prevención de delitos para empresas que se presenten a contratos públicos y superen determinados umbrales. Serán sujetas a esta obligación las sociedades con plantilla media igual o superior a 250 empleados, o con una facturación anual superior a 50 millones de euros, o activos superiores a 43 millones de euros. El objetivo es que quienes opten a licitaciones dispongan de protocolos eficaces de supervisión y control.
Conflictos de interés y herramientas tecnológicas
Asimismo, se generaliza la obligación de presentar declaraciones de conflicto de interés por parte de todos los participantes en procesos de contratación pública, y se introducen nuevas cargas informativas para licitadores y adjudicatarios. El Gobierno prevé además el uso de inteligencia artificial como herramienta preventiva para detectar posibles conflictos y patrones de riesgo en adjudicaciones.
Sanciones, listas negras y recuperación de activos
Para endurecer la respuesta frente a empresas corruptoras, el anteproyecto eleva las inhabilitaciones para contratar con la Administración de 15 a 20 años y contempla la creación de un registro público de empresas condenadas por prácticas corruptas, con publicidad y veto en concursos públicos. Estos mecanismos buscan proteger la contratación pública y aumentar la transparencia sobre quién puede acceder a fondos y contratos.
En paralelo, el texto incorpora la figura del decomiso preventivo, permitiendo medidas cautelares sobre bienes cuando, en el marco de investigaciones por delitos graves, exista indicio de enriquecimiento de origen ilícito. La medida requerirá ajustes del Código Penal y la transposición de directivas europeas. Además, se prevé un régimen sancionador que incluirá multas proporcionales al daño causado o al beneficio ilícito, valorando la situación económica de la persona jurídica.
Impacto institucional y próximos pasos
El anteproyecto amplía también el mapa institucional contra la corrupción con la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que integrará órganos como la Oficina de Conflictos de Intereses y reforzará la protección del informante. La nueva agencia tendrá una presidencia con rango de Secretaría de Estado, nombramiento público y mandato único de seis años, y su función será coordinar la prevención, la investigación y la recuperación de activos.
En conjunto, las medidas buscan abarcar desde la prevención y la detección temprana hasta el endurecimiento de sanciones y la recuperación de fondos. Si se mantienen los plazos oficiales, la fase de audiencia públicas concluirá el 2 de marzo, tras lo cual el Gobierno prevé aprobar el texto definitivo en un nuevo Consejo de Ministros antes del verano y llevarlo al Parlamento para su tramitación.