Recientemente, el gobierno español ha propuesto un anteproyecto de ley que busca limitar los costos de los préstamos al consumo. Esta medida cobra especial relevancia en el contexto de los microcréditos y las tarjetas revolving, que suelen tener tasas de interés elevadas.
La intención es establecer un marco que proteja a los consumidores más vulnerables, quienes a menudo quedan atrapados en ciclos de sobreendeudamiento.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien enfatizó la necesidad de prevenir situaciones de usura y garantizar que los clientes no enfrenten condiciones abusivas.
Este enfoque marca un cambio significativo en la regulación de entidades que ofrecen pequeños préstamos, las cuales deberán estar autorizadas y supervisadas por el Banco de España.
Detalles de la nueva normativa
El nuevo marco regulatorio establece que el límite máximo de interés variará según el monto del préstamo.
Según el anteproyecto, los umbrales se ajustarán trimestralmente, con un rango que podría oscilar entre el 22% para préstamos de hasta 1,500 euros y un 13% para cantidades superiores a 6,000 euros a plazos más largos. Este enfoque escalonado busca no solo proteger a los prestatarios, sino también fomentar un acceso más equitativo a la financiación.
Microcréditos y sus características
Dentro de esta regulación, se contempla un régimen específico para los microcréditos, que son préstamos de bajo importe con plazos de reembolso cortos y tasas de interés elevadas. Se estima que el saldo de estos créditos asciende a unos 500 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 0.5% del total, pero abarca cerca de un millón de operaciones, concentrándose en hogares en situaciones económicas delicadas. En este nuevo esquema, el plazo mínimo de reembolso será de tres meses y el costo máximo estará limitado a un 4% de interés mensual, además de una comisión de apertura que no exceda los 30 euros.
Por ejemplo, un microcrédito de 300 euros con un plazo de 30 días podría implicar un costo promedio actual de 103 euros. Con la nueva normativa, este costo se reduciría a un máximo de 40 euros si se reembolsa en tres meses, y 20 euros si se paga anticipadamente al mes.
Obligaciones de las entidades prestadoras
Las entidades autorizadas para otorgar microcréditos deberán proporcionar a los solicitantes información clara y detallada con un mínimo de 24 horas de antelación, lo que permitirá a los consumidores tomar decisiones más informadas. Además, la publicidad de estos productos no podrá resaltar la facilidad de acceso sobre otros aspectos críticos, como los tipos de interés.
Consulta del historial crediticio
Otra de las innovaciones clave de este anteproyecto es la obligación de las entidades de evaluar el historial crediticio de los solicitantes antes de conceder créditos. Esto se realiza con el fin de evitar que los consumidores caigan en el sobreendeudamiento. Asimismo, se establece que los comercios que ofrezcan financiación, como concesionarios de automóviles o grandes almacenes, deberán hacerlo en términos de préstamos sin intereses.
A través de esta ley, se busca reforzar la transparencia en la información que reciben los clientes. Los elementos esenciales de la información precontractual deberán ser claramente visibles, y se introducirá la figura de los servicios de asesoramiento de deudas, que brindará asistencia financiera, jurídica y psicológica a los deudores en dificultades.
Derechos del consumidor y medidas adicionales
El proyecto también contempla un fortalecimiento de los derechos de los consumidores en lo que respecta a reembolsos anticipados y la comercialización de créditos junto a productos vinculados, como seguros. Se establecerá la obligación de incluir una opción de desistimiento en las plataformas digitales, así como medidas para contrarrestar prácticas engañosas en el diseño de interfaces que puedan distorsionar la toma de decisiones de los consumidores.
Estas medidas representan un paso importante hacia la creación de un entorno financiero más justo, donde se priorice la protección del consumidor frente a prácticas abusivas. El gobierno está comprometido con la implementación de estas regulaciones para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a productos financieros de manera equitativa y responsable.