En el contexto actual, el debate sobre la tributación de criptomonedas en España ha dejado de ser un mero asunto técnico para convertirse en un tema candente en la agenda política. La reciente iniciativa del Grupo Parlamentario Sumar, que incluye enmiendas a la directiva europea DAC8, plantea cambios significativos en la manera en que se gravan los criptoactivos, como bitcoin y ether.
Estas modificaciones no solo buscan aumentar la presión fiscal, sino también implementar un sistema de control más riguroso y ampliar las posibilidades de embargo.
La propuesta se presenta en un momento en que, según el Banco Central Europeo, el porcentaje de españoles que poseen criptomonedas ha crecido del 4% en 2025 al 9% en 2025, una tendencia que refleja la media de la eurozona.
Este aumento en la adopción de criptoactivos ha llevado al Banco de España y a la Agencia Tributaria a intensificar su vigilancia, implementando planes de control específicos y nuevos modelos informativos.
Marco fiscal actual de las criptomonedas
Hasta la fecha, el régimen fiscal en España considera las criptomonedas como un activo dentro de la base del ahorro a efectos del IRPF.
Las ganancias obtenidas por la venta o intercambio de criptoactivos tributan de manera similar a las plusvalías generadas por acciones o fondos de inversión. El cálculo se realiza mediante la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, integrándose en los tramos del ahorro.
Para la campaña de la Renta 2025, los tipos impositivos varían entre el 19% y el 30%, aplicándose de forma progresiva sobre los beneficios obtenidos. Por ejemplo, un contribuyente que declare menos de 6.000 euros de ganancia pagará un 19%, mientras que aquellos que superen los 300.000 euros estarán sujetos al 30%. Este criterio se aplica tanto a los traders que operan frecuentemente como a quienes realizan ventas esporádicas de criptomonedas.
Expansión del uso de criptoactivos y nuevas obligaciones
El uso de criptoactivos no se limita al ámbito de la inversión, ya que también se han integrado en el sector del ocio digital. Aunque la Ley 13/2011 y la regulación de la Dirección General de Ordenación del Juego establecen que el juego online debe realizarse en euros, muchos usuarios españoles han comenzado a utilizar plataformas de juegos cripto, como casinos online que operan desde jurisdicciones como Malta o Curazao. Estas plataformas permiten transacciones casi inmediatas en bitcoin, ether o stablecoins.
Las ganancias obtenidas en estas plataformas también deben ser declaradas, y en los últimos años se han implementado obligaciones de información que aumentan la transparencia en este ámbito. La Agencia Tributaria ha creado modelos específicos, como el modelo 172 y el modelo 173, que requieren a los exchanges con residencia fiscal en España reportar saldos y operaciones de sus clientes.
Modificaciones propuestas por Sumar
Las enmiendas introducidas por Sumar buscan modificar tres normativas clave: la Ley General Tributaria, la Ley del IRPF, y la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Uno de los cambios más controvertidos implica la reclasificación de las plusvalías generadas por criptoactivos que no se consideren instrumentos financieros. Este cambio significaría que tales ganancias dejarían de tributar en la base del ahorro y pasarían a formar parte de la base general del IRPF.
Este cambio es de gran relevancia, ya que la base del ahorro tiene un tipo impositivo máximo del 28%, mientras que la base general puede alcanzar tipos marginales que rondan el 47% en su tramo superior. Esto implicaría que un contribuyente con ingresos altos podría ver duplicada su carga fiscal sobre las ganancias generadas por criptomonedas.
Impacto en empresas y el sector cripto
Además, Sumar plantea un tipo impositivo mínimo del 30% en el Impuesto sobre Sociedades aplicable a las plusvalías derivadas de criptoactivos. Esto afectaría tanto a las empresas que utilizan bitcoin como reserva de tesorería como a los proyectos que mantienen tokens en sus balances. Varios analistas consideran que esta estrategia de Sumar pretende aprovechar la implementación de la directiva DAC8, que obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a reportar automáticamente la información de sus clientes a las autoridades fiscales.
Con estas nuevas regulaciones, España podría posicionarse entre los países con mayor presión fiscal sobre el ecosistema de criptomonedas. Los cambios propuestos no solo buscan incrementar la recaudación, sino también establecer un marco más claro y controlado para la tributación de estos activos digitales.