El anteproyecto de Real Decreto presenta una propuesta para modernizar la regulación española en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su propósito principal es responder a los nuevos riesgos, adaptar metodologías de control y aprovechar avances tecnológicos que influyen en la detección y gestión de operaciones sospechosas.
Además, la iniciativa incorpora previsiones del paquete antiblanqueo europeo y busca armonizar diversas normas del sector financiero con el marco normativo de la Unión Europea, mejorando la coherencia legislativa y la capacidad de supervisión.
El anteproyecto también pretende simplificar cargas administrativas y reforzar la eficacia de la supervisión financiera, sin perder de vista las obligaciones internacionales.
En particular, se ajusta a los criterios y exigencias derivados de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para 2026, con el fin de asegurar que el sistema nacional responda a las observaciones y recomendaciones internacionales.
La propuesta incluye medidas concretas y ajustes puntuales en normas sectoriales para facilitar su aplicación práctica.
Alcance de las modificaciones y objetivos
Las reformas planteadas afectan a diferentes ámbitos del sistema financiero con énfasis en la prevención y la detección de actividades ilícitas. Entre los objetivos se encuentran la actualización de criterios de riesgo, la incorporación de nuevas metodologías de análisis y el reconocimiento de herramientas tecnológicas que mejoran la trazabilidad de operaciones. El texto busca, igualmente, reducir solapamientos normativos y ofrecer criterios más claros para entidades obligadas, con el fin de incrementar la eficacia operativa de controles internos y de la respuesta supervisora.
Adaptación a retos tecnológicos y metodológicos
Se atiende a la necesidad de integrar elementos relacionados con tecnología y nuevos métodos operativos en el diseño de las obligaciones. El anteproyecto propone criterios más precisos para la aplicación de medidas de diligencia debida y mecanismos que faciliten el intercambio de información entre autoridades y entes supervisados. Estas modificaciones persiguen que la normativa sea funcional ante escenarios cambiantes sin perder la protección esencial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Trámite de consulta pública y cómo participar
Los interesados pueden remitir sus alegaciones por correo electrónico a [email protected] hasta el 6 de abril de 2026. En cada envío debe constar el nombre y apellidos o la razón social, la organización o asociación cuando proceda y un contacto de correo electrónico. Además, se ha puesto a disposición de quien lo desee un documento modelo para que las observaciones se formulen y remitan en el mismo formato, lo que facilita la tramitación administrativa y su análisis por parte del equipo técnico responsable.
Requisitos formales y recomendaciones
Para asegurar la correcta valoración de las aportaciones, es recomendable detallar los argumentos y proponer alternativas concretas cuando se detecten contradicciones o cargas innecesarias. Las contribuciones deben presentarse en el formato indicado y, si contienen referencias técnicas o jurídicas, aportarlas con la suficiente claridad. El uso de ejemplos prácticos y, en su caso, estudios de impacto, pueden ayudar a que las propuestas sean más útiles para la revisión normativa.
Transparencia, confidencialidad y efectos esperados
Por defecto, las contribuciones recibidas podrán difundirse públicamente. Aquellas partes de la información que, a juicio del remitente, deban tratarse con carácter confidencial deben señalarse específicamente en el propio texto de la aportación; los mensajes genéricos de confidencialidad no serán considerados suficientes. Esta regla procura compatibilizar la transparencia del proceso con la protección de datos y la información sensible que pueda afectar a operaciones o a terceros.
En términos de impacto, el anteproyecto aspira a una normativa más coherente con la Unión Europea y más eficaz frente a riesgos emergentes, reduciendo trámites innecesarios y mejorando la capacidad de supervisión. La culminación del trámite de consulta y la incorporación de las observaciones pertinentes contribuirán a afinar medidas que deben reforzar la prevención y la diligencia en el sector financiero, manteniendo el equilibrio entre control, eficiencia y seguridad jurídica.