El Frente Amplio-Fronte Zabala presentó en Barakaldo una reforma fiscal orientada a que las grandes fortunas aporten una mayor parte a la financiación de los servicios públicos. Lander Martínez, candidato a Congreso por Bizkaia, anunció la creación de un gravamen que oscilará entre el 2 % y el 6,5 % sobre patrimonios netos superiores a un millón de euros, y exigió a la patronal vasca, representada por Confebask, que «pague lo que a la clase trabajadora le está saliendo tan caro».
Adicionalmente, Ada Colau, portavoz del Frente Amplio, describió la medida como un «tax the rich» que coexistirá, sin superponerse, con el actual impuesto sobre el patrimonio y el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas (ITSGF). Según la propia formación, el nuevo tributo será anual: un 2 % para patrimonios entre un millón y 50 millones de euros, y un 3 % a partir de los 50 millones, con la posibilidad de escalar hasta el 6,5 % en los tramos más altos.
Cómo se estructurará el nuevo gravamen
El mecanismo previsto calcula la cuota a pagar restando lo ya abonado por el impuesto sobre el patrimonio y el ITSGF. De este modo, un contribuyente que ya haya satisfecho ambas obligaciones verá reducida la carga del nuevo impuesto a los ultrarricos. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo y portavoz del Frente Amplio, explicó que el tributo se aplicará de forma progresiva y adicional, sin incidir sobre salarios ni pensiones, y que la exención total solo será para quienes no superen el millón de euros de patrimonio neto.
Impacto estimado y repercusión política
El Frente Amplio estima que el nuevo impuesto afectará a unas 231 000 personas, aproximadamente el 1 % de los declarantes de la renta, cifra comparable con la base del impuesto sobre el patrimonio. Según los cálculos del partido, la medida podría generar unos 10 000 millones de euros anuales, fondos destinados a reforzar la política de vivienda, mejorar los servicios públicos, garantizar pensiones dignas y financiar un sistema ferroviario moderno. En contraste, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que, de ganar las elecciones, derogaría el impuesto a las grandes fortunas.
Reacciones de los agentes económicos y opiniones expertas
Raquel Jurado, técnica del Consejo General de Economistas de España, describió el proyecto como «un recargo para que los ultrarricos paguen todavía más, evitando la doble imposición». La propuesta también ha suscitado críticas de la Confederación de Empresarios de Euskadi (Confebask), que considera excesiva la carga sobre la inversión y el empleo. Sin embargo, defensores del impuesto subrayan que el actual impuesto sobre el patrimonio varía entre comunidades autónomas, lo que genera inequidades que el nuevo gravamen pretende corregir.



