El Ejecutivo ha aprobado un anteproyecto que redefine el marco del crédito al consumo dirigido a particulares. La propuesta introduce como máxima temporal un tope del 22% TAE para los préstamos personales y productos similares, junto con nuevos requisitos de transparencia y supervisión.
Estas medidas intentan reducir prácticas de alto coste y blindar a consumidores frente a sobreendeudamiento.
El texto aprobado en Consejo de Ministros sienta las bases de una normativa cuyo objetivo es doble: por un lado, imponer límites claros sobre el coste del crédito; por otro, modernizar la supervisión de entidades tradicionales y plataformas digitales.
Entre las novedades destacan restricciones sobre la activación de tarjetas, controles de solvencia más estrictos y reglas específicas para micropréstamos.
Qué implica el tope del 22% TAE
El establecimiento del 22% TAE significa que, mientras esté vigente ese marco transitorio, ninguna entidad podrá comercializar un préstamo al consumo con una tasa anual equivalente superior.
La TAE no solo refleja el interés nominal, sino también comisiones y otros gastos obligatorios, por lo que el límite busca evitar el recurso a recargos para sortear un descenso del tipo nominal.
Productos afectados y exclusiones
La reforma se centra en créditos concedidos a personas físicas: préstamos rápidos online, microcréditos, tarjetas revolving y financiación tipo «paga en X meses» quedan incluidos. Quedan excluidas las hipotecas y operaciones destinadas únicamente a empresas, ya que la protección se orienta a consumidores particulares más vulnerables ante tasas elevadas.
Transición hacia un sistema variable por tramos
El Gobierno plantea que el 22% actúe como límite provisional mientras se define un modelo definitivo, basado en la TAE media del mercado más un margen ligado al importe solicitado. La intención es que, en el futuro, los topes sean proporcionales al riesgo y al volumen, con tramos orientativos que bajan conforme aumenta la cuantía del préstamo.
Ejemplo del esquema por importes
El diseño propuesto contempla niveles aproximados: para operaciones de importe reducido, el tope sería cercano al 22% TAE; para préstamos intermedios se plantea un umbral alrededor del 17% TAE; y para cantidades mayores, un máximo aproximado del 15% TAE. Este reparto pretende ajustar el coste máximo a la naturaleza del préstamo.
Medidas específicas para microcréditos y tarjetas
En relación con los microcréditos, la norma introduce límites adicionales para frenar tasas abusivas aplicadas en plazos muy cortos. Entre las condiciones figuran un plazo mínimo de devolución de tres meses, un interés mensual máximo del 4% y una comisión máxima del 5% (tope 30 euros). Además, el coste total de un microcrédito no podrá superar el de un préstamo estándar a 12 meses por el mismo importe.
Respecto a las tarjetas, la reforma prohíbe la activación o el envío de instrumentos de pago sin la solicitud y el consentimiento claro del cliente. También se vetan las ampliaciones automáticas de límite de crédito sin petición expresa del titular, cerrando una práctica que facilitaba el endeudamiento involuntario.
Control de solvencia y vigilancia de plataformas
La futura ley impone la obligación de verificar la solvencia del solicitante antes de conceder financiación. Las entidades deberán analizar ingresos, deudas previas e historial crediticio. Solo podrán operar las entidades registradas y supervisadas, y el Gobierno amplía el alcance de la vigilancia para incluir a plataformas digitales que ofrezcan crédito instantáneo o vinculado a compras online.
Si una empresa tecnológica quiere ofrecer financiación, tendrá que asociarse a un intermediario regulado o someterse a las exigencias de una entidad supervisada; en caso contrario, se le impediría cobrar intereses. También habrá mayor control sobre la publicidad de créditos rápidos en canales digitales.
Impacto esperado y debates del sector
Para las entidades financieras, el cambio obliga a revisar productos cuyo modelo depende de intereses altos en perfiles de mayor riesgo. Muchos tendrán que adaptar condiciones para cumplir los límites transitorios y los futuros topes variables. Para los consumidores supone una mayor previsibilidad del coste del crédito y protección frente a prácticas gravosas.
Organizaciones del sector han planteado alegaciones: algunas piden revisar umbrales para definir créditos de alto coste, matices en el cálculo de la TAE según la tipología del préstamo y limitar el alcance a personas físicas para evitar efectos sobre la oferta. El Gobierno, por su parte, defiende que las medidas refuerzan la seguridad jurídica y alinean la normativa española con los estándares europeos.