El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas orientadas a mejorar la financiación y la competitividad de las empresas españolas en un contexto internacional complejo. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, una de las claves es reducir el problema de la falta de liquidez que sufren muchas compañías, vinculado a periodos medios de pago que rondan los 80 días.
Para ello, el Ejecutivo impulsa la obligatoriedad de la factura electrónica en las relaciones entre empresas y profesionales, junto a iniciativas destinadas a simplificar el acceso a la financiación y a modernizar el marco regulatorio del mercado de capitales.
Además de las reformas económicas, el Consejo abordó asuntos de política exterior y social: una estrategia multilateral para la cooperación y el desarrollo, la garantía de la revalorización de las pensiones para 2026, reconocimiento a las víctimas de la dictadura argentina y nuevas medidas frente a la violencia de género y los discursos de odio.
Estos asuntos completan un paquete que busca equilibrar impulso económico con protección social y acción diplomática.
Factura electrónica: qué cambia y por qué importa
La norma obliga a utilizar un formato de factura electrónica estructurada que pueda ser leído de forma automática por los programas de gestión, incorporando datos sobre el estado de la factura.
El objetivo es reducir la morosidad y acelerar cobros para que las empresas, especialmente las pymes, ganen liquidez y capacidad de inversión. Actualmente apenas el 20% de las facturas de grandes empresas se paga a tiempo, frente al 50% en pymes y microempresas; los periodos medios de pago se sitúan en torno a 80 días, una fricción que limita crecimiento.
Opciones tecnológicas y periodo transitorio
La norma permite dos vías: el uso de plataformas privadas existentes, que deberán garantizar la interconexión y la interoperabilidad, o la adhesión a una plataforma pública que desarrollará la Agencia Tributaria. La alternativa pública ofrecerá mecanismos de validación de identidad ya conocidos por las empresas y facilitará el acceso a quienes aún no han digitalizado sus procesos. Para la implantación se fijan plazos diferenciados: un año para empresas con facturación superior a 8 millones de euros y dos años para el resto, contando desde la publicación de la orden ministerial del Ministerio de Hacienda.
Refuerzo de la financiación exterior y modernización del mercado de capitales
El Ejecutivo impulsa un anteproyecto de ley para modernizar los instrumentos públicos que apoyan la internacionalización, siguiendo recomendaciones de la AIReF. La propuesta busca agilizar la gestión, estandarizar procedimientos y coordinar herramientas públicas, además de ampliar la cobertura de riesgos en operaciones de exportación. Al reducir el riesgo asociado a proyectos internacionales, las pymes podrán acceder a mayores contratos con más estabilidad y previsibilidad financiera, favoreciendo la inversión y el crecimiento en mercados exteriores.
Facilitar el acceso a mercados de capitales
Paralelamente, se presenta un paquete normativo para adaptar la normativa española a cambios europeos en cuatro ámbitos: la ley del mercado de valores, las instituciones de inversión colectiva, las sociedades de capital y las entidades de capital riesgo. Las reformas buscan reducir el riesgo de dilución del control de los fundadores al salir a bolsa, simplificar procedimientos y ajustar umbrales de obligaciones para que las pymes afronten menos costes y trámites. También se potencia la protección del inversor minorista mediante mayor transparencia y medidas contra conflictos de interés.
Política exterior, protección social y memoria histórica
En el ámbito diplomático, el Gobierno presentó una estrategia de política multilateral centrada en tres pilares: lucha contra la pobreza y las desigualdades; acción climática y protección del planeta; y seguridad alimentaria, salud y trabajo decente. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que la iniciativa persigue reforzar el sistema multilateral y contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030, promoviendo gobernanza inclusiva y coordinación entre actores de la cooperación española.
Contexto internacional y medidas sociales
Sobre la situación en Oriente Próximo, Albares reclamó que el anuncio de Estados Unidos de suspender ataques sobre infraestructuras energéticas iraníes se convierta en una paulatina vuelta a la negociación y apostó por el cese de ataques que afectan a la navegación en el estrecho de Ormuz y a terceros países. El Ministerio también ha coordinado la repatriación de más de 12.000 españoles que han solicitado asistencia. En el plano social, la portavoz Elma Saiz anunció el real decreto que garantiza la revalorización de las pensiones para 2026 y la aprobación de una declaración institucional para reconocer a las 307 personas españolas desaparecidas o asesinadas durante la dictadura argentina.
Violencia machista y lucha contra el odio
El Gobierno condenó los últimos casos de violencia de género y violencia vicaria, que elevan a 14 las víctimas mortales en 2026 y han incluido el asesinato en Zaragoza y la muerte de una niña de tres años en la provincia de Alicante. También se denunció la agresión a una mujer transexual en León. Para combatir el aumento de los discursos de odio en redes, se recordó la herramienta HODIO: Huella del Odio y la Polarización, concebida para medir y contrarrestar la difusión de mensajes que alimentan la violencia y la exclusión.