En la reunión de la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada el 24 de febrero, se debatieron varias propuestas sobre control y financiación de campañas electorales. El grupo Sumar presentó medidas para limitar los microcréditos utilizados por los partidos, pero la iniciativa fue rechazada por PP, PSOE y Vox.
Al mismo tiempo, el Parlamento aprobó propuestas para precisar qué conceptos pueden considerarse gastos electorales según el artículo 130 de la LOREG, introduciendo nuevas partidas que podrán ser objeto de subvención pública.
Las propuestas y los acuerdos surgieron a partir de los informes del Tribunal de Cuentas relativos a las elecciones generales de y a las europeas de.
Las decisiones incluyen además peticiones al operador postal y al Gobierno para mejorar los procesos de envío de material electoral y la tramitación electrónica de la documentación justificativa.
Qué proponía Sumar y por qué fue rechazado
Sumar planteó limitar el importe de cada microcrédito al mismo tope que rige para la aportación privada, fijada actualmente en 50.000 euros anuales, y obligar a ingresar esos préstamos en la cuenta electoral. Además reclamaba que el plazo máximo de devolución no superase un año natural desde la celebración de los comicios y que la renuncia a su cobro se formalizara preferentemente por vía telemática, considerándose tal renuncia como donación a todos los efectos. Estas medidas buscaban aumentar la transparencia y homogeneizar el tratamiento fiscal y contable de los préstamos.
Sin embargo, la mayoría en la comisión —compuesta por PP, PSOE y Vox— consideró que las modificaciones propuestas no debían prosperar en ese formato. Las objeciones incluyeron alegaciones sobre la suficiencia de la regulación actual, la posible interferencia en la autonomía financiera de los partidos y la conveniencia de abordar cambios más amplios en la LOREG mediante los trámites legislativos ordinarios.
Ampliación y concreción de los gastos electorales
Frente al veto a las limitaciones sobre microcréditos, se aprobó avanzar en la definición de los gastos electorales que pueden ser subvencionados por el Estado. La lista tradicional ya incluye la confección de sobres y papeletas, correspondencia y franqueo, propaganda y publicidad, alquiler de locales, remuneraciones del personal de campaña y desplazamientos de candidatos y equipos. Ahora se incorporan expresamente conceptos como la realización y retransmisión de actos, los desplazamientos vinculados a ellos, la organización de comidas y cenas electorales, el avituallamiento para interventores y apoderados y el alquiler de espacios para su atención y coordinación.
Intereses y cálculo reembolsable
La mayoría absoluta de PP y Vox apoyó una propuesta para que el cálculo de los intereses de los créditos recibidos por las campañas y su consideración como gasto reembolsable se haga hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas. Esta precisión pretende homogeneizar criterios y evitar divergencias entre la contabilidad partidaria y las solicitudes de reembolso.
Fiscalización, mailing y medidas operativas
El Parlamento instó al Tribunal de Cuentas a unificar criterios de fiscalización entre procesos electorales y a tener lista la revisión de las contabilidades de las elecciones generales en un plazo ambicioso —se habló de seis meses tras su celebración—, aunque la ley fija plazos de presentación de cuentas que pueden dificultar ese objetivo. En paralelo, PSOE, sin oposición de PP y Vox, promovió aprovechar la reforma en trámite de la LOREG para revisar el procedimiento de envíos postales de sobres, papeletas y propaganda.
Correos y transporte del material electoral
Entre las recomendaciones figura solicitar a Correos la puesta en marcha de un sistema de preregistro telemático de los partidos que realicen envíos directos y personalizados, con el fin de identificar inequívocamente las remesas subvencionables. También se demandó potenciar la tramitación electrónica del depósito postal de propaganda —incluyendo el pago del anticipo, la emisión de albaranes y la facturación— para agilizar las justificaciones contables.
Medidas de contingencia y coordinación
Se pidió al Gobierno que disponga de un stock de sobres y papeletas para «refuerzos» en zonas donde el envío no llegue correctamente, dado que Correos no siempre garantiza la distribución. Asimismo, se solicitó que tanto la Administración como el Tribunal eviten exigir una sincronización estricta entre el número de sobres y papeletas confeccionadas y el número de franqueos justificados, ya que el censo definitivo no está disponible cuando se contrata el material, lo que dificulta la coincidencia perfecta entre producción y envíos.
En conjunto, las decisiones de la comisión mixtan un rechazo a la propuesta de Sumar sobre limitación de microcréditos con una voluntad clara de detallar y ampliar los conceptos de gasto electoral subvencionable, mejorar la fiscalización y modernizar el proceso de envío y justificación de material, combinando aspectos contables, operativos y de transparencia en la financiación de las campañas.