Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular en el Parlamento Europeo, encabezó una serie de preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión Europea. La solicitud pide que se examine el destino y la ejecución de los fondos europeos destinados a la modernización de la red ferroviaria española, a raíz de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que dejaron 69 muertos.
Los eurodiputados quieren asegurar que las inversiones anunciadas por el Gobierno, y que habilitaron el desbloqueo de nuevos desembolsos del Plan de Recuperación y Resiliencia, se hayan traducido en infraestructuras y sistemas de protección operativos. Además, reclaman que se verifique el cumplimiento de las obligaciones de seguridad ferroviaria y de control del gasto fijadas por la normativa europea.
Control del hito 87 y el contrato de 93 millones con Thales
El eje de la petición es el llamado hito 87 del Plan de Recuperación, que España declaró cumplido para liberar futuras transferencias. La pregunta central es si las actuaciones vinculadas a ese hito estaban instaladas, probadas y listas para su explotación cuando el Gobierno presentó la certificación. Un caso concreto es el contrato adjudicado por Adif a Thales en septiembre de 2021, por 93 millones de euros, para renovar la señalización y el sistema de protección de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, incluido el reemplazo del antiguo sistema LZB.
El plazo contractual se fijó para enero de 2026, pero la iniciativa del PP señala que, diez meses después, el sistema LZB siguió en funcionamiento, lo que sugiere un retraso en la puesta en marcha. Los eurodiputados exigen que la Comisión compruebe si la obra se completó según lo previsto y, en caso contrario, qué medidas correctivas podrían aplicarse.
Fondos pendientes y posibles auditorías
Según los datos presentados por el PP, al cierre de 2025 el Ministerio de Transportes tenía sin ejecutar 1 196 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que representa el 61,8 % del total asignado. La petición también menciona deficiencias en los sistemas de gestión y control de Adif detectadas por el Tribunal de Cuentas, y solicita a la Comisión que examine los contratos bajo investigación de la Fiscalía Europea relacionados con los accidentes de Adamuz y Urda.
Entre las preguntas formuladas: ¿cuánto dinero comunitario se destinó a esos contratos?, ¿qué verificaciones se realizaron para garantizar la correcta ejecución de los trabajos?, y ¿existen planes de auditoría específicos por parte de Bruselas? En caso de confirmarse un uso irregular, los populares piden que se evalúe la devolución de los fondos.
Supervisión y normativa europea
El PP también cuestiona la idoneidad de los mecanismos de supervisión españoles frente a la normativa comunitaria. Solicita que la Comisión evalúe si los procedimientos de circulación bajo condiciones degradadas cumplen con los requisitos de la UE y, de ser necesario, que formule recomendaciones provisionales a las autoridades españolas para reforzar la seguridad.
En conjunto, la iniciativa busca que Bruselas aclare qué controles se han aplicado a las inversiones ferroviarias y si los proyectos financiados con fondos de la UE cumplen los criterios establecidos, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas en el uso del dinero europeo.
