En el marco de la campaña que precede a las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular ha presentado ante la Audiencia Nacional una solicitud de imputación contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por un conjunto de supuestos delitos que incluyen cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación irregular. El escrito, firmado por la representación popular, se inscribe como la primera maniobra judicial de la precampaña y busca anticipar cualquier posible suspensión de la causa vinculada a las llamadas “cloacas de Ferraz”.
Denuncia formal y fundamentos legales
El documento dirigido al magistrado Santiago Pedraz describe lo que la acusación popular califica como un «amplio catálogo de actuaciones delictivas» orquestado por la dirección del PSOE tras los cinco días de reflexión que siguieron a la convocatoria electoral por parte de Pedro Sánchez. Según el Partido Popular, la supuesta organización criminal habría sido dirigida por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y habría contado con la colaboración de la gerente del partido, Ana María Fuentes Pacheco. La denuncia sostiene que la sede del PSOE en la calle Ferraz puso a disposición todos los recursos operativos y financieros necesarios para los fines de esta supuesta estructura ilícita.
Impugnación del uso de La Moncloa como mitin
Paralelamente, los populares han interpuesto un recurso ante la Junta Electoral Central (JEC) para cuestionar la rueda de prensa celebrada por Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, calificándola de mitin electoral. La legislación electoral, en su artículo 50.2, prohíbe expresamente el empleo de los recursos del poder público para actos con contenido o con imágenes que remitan a la campaña electoral. El PP recuerda que Sánchez ya fue sancionado por la propia JEC en 2021, tras haber utilizado la residencia oficial para destacar logros de gobierno con objetivos de campaña.
Repercusiones y respuestas institucionales
Tras la presentación del escrito, el magistrado Pedraz ha dictado una providencia que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que emita su posición antes de decidir sobre la posible imputación del PSOE. Además, el juez ha ordenado al servicio jurídico del partido que facilite la relación completa de abogados y consultoras que prestaron servicios entre 2021 y 2025, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en la contratación. Por su parte, la Fiscalía ya ha indicado que existen motivos suficientes para considerar la imputación del PSOE como persona jurídica, basándose en declaraciones de la propia gerente partido que responsabilizan a Cerdán de los pagos a miembros de la supuesta organización.
El Partido Popular ha subrayado que la acusación no se limita a la financiación, sino que también incluye la presunta intención de interferir en la voluntad de fiscales y autoridades judiciales, citando contactos con figuras como el juez Beatriz Biedma y el jefe de la UCO.
