En el centro del debate público sobre seguridad y presupuesto vuelve a situarse la relación entre la inversión nacional y la protección colectiva. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, comparó la fortaleza de la Defensa europea con la suma de capacidades nacionales y apeló a que los Estados aliados asuman su parte del esfuerzo financiero.
Su intervención ante la Comisión Mixta para la UE del Parlamento español puso el foco en la necesidad de aumentar el gasto militar para asegurar una respuesta eficaz frente a amenazas externas.
La discusión incorpora tanto argumentos estratégicos como económicos: el tamaño del presupuesto militar condiciona la disponibilidad de capacidades —desde fuerzas operativas hasta ciberdefensa— y afecta a la estabilidad de mercados y economías si se subestima el riesgo.
En ese contexto, la petición de Kubilius pretende marcar una hoja de ruta compartida entre socios.
El marco de la OTAN y el objetivo de capacidades
En la cumbre de La Haya (Países Bajos) del pasado junio, los aliados acordaron un planteamiento para reforzar las herramientas de disuasión y protección.
Ese paquete propone alcanzar un equivalente al 5% del PIB en capacidades de seguridad, dividido en 3,5 puntos para presupuesto militar y 1,5 puntos para medidas como ciberseguridad y protección de infraestructuras. Kubilius recordó que, aunque España suscribió el pacto, su cálculo nacional prevé reservar un nivel inferior de gasto, concretado en torno a un 2,1% del PIB.
La discrepancia entre compromisos multilaterales y planes nacionales plantea preguntas sobre cómo se traducen los objetivos de la Alianza en políticas fiscales y de defensa internas. Para el comisario, cumplir con la ambición de capacidades exige ajustar prioridades presupuestarias para dotar de medios a la defensa colectiva.
Advertencias sobre la amenaza y la interdependencia europea
Kubilius también transmitió la percepción de riesgo compartido: los servicios de inteligencia europeos, según expuso, han señalado durante años la probabilidad de una agresión procedente de Rusia. En su intervención insistió en que no hay que descartar que un ataque pueda producirse dentro del territorio de la Unión, con consecuencias que afectarían a economías y mercados financieros. Con este argumento se subraya cómo la seguridad y la estabilidad macroeconómica están entrelazadas.
Además, el comisario recalcó que ningún Estado europeo está en condiciones de garantizar su protección en solitario; por ello, un país que reduzca su inversión en capacidad militar pone en riesgo la eficacia del conjunto. Esa lógica de interdependencia es la que sustenta la petición de elevar la dotación al 3,5% del PIB para el presupuesto militar.
Incidentes recientes y percepción de riesgo
En los últimos meses se han citado episodios que, según las autoridades, ilustran una tendencia de aumentos de provocaciones: desde vuelos de drones en espacios urbanos hasta intrusiones en instalaciones estratégicas. Aunque la naturaleza exacta y alcance de cada incidente se investiga por separado, su acumulación sirve como contexto para reclamar un mayor grado de preparación y resiliencia.
Reacciones de la esfera económica y política
La petición de Kubilius encuentra eco en voces del ámbito económico. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, manifestó también la urgencia de reforzar la Defensa europea, señalando que la protección tradicional que ofrecía Estados Unidos no es una garantía absoluta en el escenario actual. Guindos vinculó la defensa efectiva con la preservación de la paz social y la estabilidad económica, defendiendo una respuesta coordinada y rápida.
Políticamente, la presión de aliados y la incertidumbre geopolítica han acelerado decisiones en algunos gobiernos. En España, por ejemplo, el Ejecutivo adelantó su calendario para alcanzar el 2% del PIB en gasto de defensa y aprobó medidas de rearme por 10.500 millones sin pasar por el Parlamento, con el objetivo de llegar a una cifra superior de gasto total. Esa actuación generó críticas internas y debates sobre procedimiento y prioridades.
Consecuencias diplomáticas y estratégicas
La negativa a comprometerse con un nivel del 3,5% ha provocado advertencias públicas de líderes internacionales y cierta presión diplomática. Más allá del impacto inmediato sobre material y personal, la falta de alineamiento puede erosionar la credibilidad política de un país dentro de alianzas y afectar su capacidad de influir en decisiones estratégicas comunes.
Conclusión: entre compromiso y realismo presupuestario
La propuesta de elevar el gasto militar al 3,5% del PIB confronta la lógica de seguridad colectiva con la realidad fiscal de los Estados. Defender la necesidad de inversión no equivale a negar limitaciones económicas, pero sí exige priorizar recursos para garantizar capacidades imprescindibles. El debate sigue abierto: implica decisiones sobre presupuesto, alianzas y la definición de riesgo en un entorno geopolítico cambiante.
En última instancia, la discusión se centra en cuánto están dispuestos a ceder los Estados miembros para fortalecer una defensa colectiva efectiva y si la coordinación política permitirá transformar los compromisos suscritos en capacidad real sobre el terreno.