Salvador Illa, president de la Generalitat, ha decidido llevar al Parlament los presupuestos de 2026 aunque todavía no cuente con el respaldo formal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La entrega se hará en una convocatoria extraordinaria tras cerrar acuerdos parciales con sindicatos y patronales; el Govern defiende que el objetivo es dar certidumbre al gasto público y acelerar inversiones paralizadas por las sucesivas prórrogas.
¿Estrategia para marcar la agenda o una necesidad urgente de gestión? El Ejecutivo sostiene que la demora perjudica el funcionamiento de la administración y que Cataluña necesita un marco presupuestario estable cuanto antes. Illa presenta la aprobación en el Consell Executiu como una decisión práctica para reactivar políticas públicas que llevan meses a la espera.
El nudo de la negociación está en las competencias fiscales. ERC condiciona su apoyo al traspaso del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC): los republicanos exigen garantías formales sobre la asunción de estas competencias, que hoy gestiona la Hacienda estatal.
Esa reclamación choca con las reticencias del PSC y abre un choque que va más allá de los números: es una disputa sobre autonomía fiscal y poder político.
Desde ERC, la número dos Elisenda Alamany ha acusado al PSC de anteponer una estrategia nacional a las demandas específicas de Cataluña, insinuando que la negociación podría quedar subordinada a los intereses del PSOE en otras autonomías. Esa lectura añade tensión: no solo se negocian partidas, sino también prioridades y lealtades políticas.
La pugna pesa también en clave electoral. Para ERC su capacidad de condicionar acuerdos es moneda política; para el PSC y el PSOE, ceder demasiado puede costar en otras plazas electorales. El conflicto, por tanto, combina gobernabilidad cotidiana y cálculo electoral, y cualquier solución tendrá efectos en ambos frentes.
Actores sociales y empresariales han entrado en la escena para presionar o matizar. Illa presentó el proyecto acompañado por sindicatos (CCOO y UGT) y organizaciones empresariales (Pimec y Foment del Treball). Mientras algunos sindicatos defienden la urgencia de presupuestos actualizados, desde el empresariado —con Josep Sánchez Llibre al frente de Foment— se expresan dudas sobre la fórmula de financiación: la incertidumbre fiscal afecta decisiones de inversión y planificación.
Sobre la mesa hay al menos tres escenarios plausibles: un acuerdo rápido que incluya el traslado del IRPF; la aprobación de las cuentas con apoyos alternativos que reduzcan el papel de ERC; o una prolongación del conflicto que acabe pasando factura política al PSC y al PSOE en el ámbito autonómico. Además, factores imprevistos —como el accidente ferroviario en Gelida y la convalecencia temporal de Illa— han tensado aún más el calendario y el diálogo.
Desde una perspectiva táctica, hay una lección clara: sin una propuesta fiscal creíble resulta difícil sostener una estabilidad presupuestaria real. Dicho de otro modo, aprobar unos números no basta si no van acompañados de un marco de financiación aceptado por las partes clave. Illa insiste en que “Cataluña no puede esperar más” y reclama negociaciones inmediatas; la pregunta es si las partes estarán dispuestas a mover ficha antes de que el desgaste político y la incertidumbre económica se agraven.