La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) ha planteado al legislador una revisión profunda del tratamiento de los microcréditos de alto coste. Su propuesta central consiste en reducir el umbral máximo que define a estos préstamos, que actualmente figura en el anteproyecto con 1.000 euros, situándolo en un rango entre 400 y 500 euros.
Según la asociación, ese recorte responde a la necesidad de evitar sobreendeudamiento entre hogares con ingresos bajos y de homogeneizar criterios con los límites de capacidad de pago que ya aplica el sector.
Al presentar sus alegaciones, Asnef argumenta que el umbral de 1.000 euros no guarda proporción con la realidad salarial de gran parte de la población y con criterios prudenciales de concesión de crédito.
Además, solicita que las entidades ya reguladas —bancos, cooperativas de crédito y establecimientos financieros— puedan competir ofreciendo estos productos bajo las mismas reglas que se definan, para evitar un mercado dominado por operadores no supervisados.
Por qué proponen bajar el umbral
El núcleo de la propuesta se apoya en la protección del consumidor y en la prevención de prácticas crediticias predatorias. Asnef sugiere que la metodología para fijar límites incorpore la misma lógica que aplican los supervisores: evaluar la proporción del crédito respecto a la capacidad de endeudamiento del solicitante. Según la patronal, aplicar un criterio como el del 35-40% sobre la capacidad de pago derivaría en cantidades mucho menores a los 1.000 euros reflejados en el anteproyecto.
La preocupación también se orienta hacia la existencia de empresas que ofertan préstamos con costes extraordinarios, algunos con TAE en cifras de tres o cuatro dígitos. Asnef celebra que el futuro marco regule y supervise a todos los prestamistas mediante una reserva de actividad, lo que obligaría a operar bajo la supervisión del Banco de España y cerraría el acceso a quienes actúan al margen del control regulador.
Clasificación y medición de costes: propuesta técnica
Para mejorar la transparencia y la comparabilidad, Asnef ha remitido un estudio elaborado con AFI que propone una categorización más granular de los productos de financiación al consumo. La idea es que la estadística y las TAEs medias reflejen la tipología y el destino del préstamo, no solo el plazo. Entre las categorías sugeridas figuran financiación de vehículos, créditos con finalidad específica (como compras en punto de venta o buy now, pay later), créditos sin finalidad, tarjetas revolving y una categoría residual para productos heterogéneos.
La patronal reclama que el Banco de España publique series estadísticas más detalladas que permitan distinguir, por ejemplo, entre crédito automoción —habitualmente con menor riesgo por la reserva de dominio— y préstamos de consumo sin garantía. A su vez, pide que se mantenga la diferenciación clara entre TIN y TAE para evitar confusiones en las comparativas de coste.
Topes y cálculo de TAEs
El anteproyecto plantea establecer topes a las TAEs en función del importe y del plazo, adicionando un diferencial sobre el interés de mercado publicado por el Banco de España. Asnef acepta la necesidad de límites, pero solicita que la fórmula técnica sea refinada para que los topes reflejen el riesgo real de cada categoría y no generen efectos colaterales que limiten la oferta crediticia a consumidores.
Alcance de la ley y riesgos de una regulación amplia
Otro aspecto señalado por la asociación es la intención de incluir a personas jurídicas en el ámbito del crédito al consumo. Asnef defiende que esta regulación debe limitarse a consumidores particulares, ya que la financiación a empresas difiere en montos, canales y riesgos. Su argumento es que mezclar ambos universos podría reducir la disponibilidad de crédito para hogares, al forzar a las entidades a adaptar su apetito de riesgo a límites que fueron pensados para personas físicas.
Por último, Asnef advierte sobre la coexistencia de reglas nacionales distintas al trasponer directivas europeas, lo que, según la patronal, dificulta la creación de un mercado de consumo verdaderamente homogéneo en la UE. La petición resume un enfoque dual: endurecer la supervisión de actores no regulados y, al mismo tiempo, diseñar normas técnicas que permitan a las entidades supervisadas seguir ofreciendo financiación responsable.
Medidas transitorias y recomendaciones
Mientras la ley se aprueba, el Gobierno ha adoptado medidas provisionales como la limitación de las tarjetas revolving. Asnef sugiere cautela en la aplicación de topes temporales y propone ampliar plazos de implementación y cláusulas de sanación para evitar efectos retroactivos que generen inseguridad jurídica. En síntesis, la patronal apuesta por un equilibrio entre protección al consumidor y mantenimiento de la competencia entre prestamistas supervisados.