La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado una propuesta de un innovador modelo de financiación autonómica que se espera implemente en 2027. Este nuevo enfoque tiene como objetivo reformar la distribución de los recursos públicos entre las comunidades autónomas, ofreciendo un aumento estimado de 20.975 millones de euros en comparación con el modelo anterior, que solo generó 152.484 millones en 2026.
Durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda, Montero destacó que este modelo es un paso hacia la mejora del Estado de bienestar, garantizando una mayor solidaridad interterritorial y reforzando la autonomía fiscal de las comunidades.
Esta propuesta ha sido elaborada tras un exhaustivo análisis de las necesidades y singularidades de cada territorio.
Principios fundamentales del nuevo modelo
El nuevo modelo de financiación se basa en una serie de principios rectores que aseguran una distribución más equitativa de los recursos.
Uno de los elementos clave es la propuesta de una población ajustada, que incorpora variables específicas para abordar los retos demográficos y socioeconómicos, así como la despoblación.
Nueva población ajustada
La población ajustada se calculará considerando factores como el número de habitantes y la estructura de edad, lo que permitirá un análisis más preciso de las necesidades de financiación. Por ejemplo, comunidades con una población envejecida requerirán mayores recursos en el ámbito de la salud, mientras que aquellas con una población joven necesitarán más recursos para educación.
Además, se han introducido nuevos criterios como el número de desempleados sin prestación y la distribución geográfica de la población para reflejar mejor las particularidades de cada comunidad. Estas mejoras buscan garantizar que los recursos disponibles se utilicen de manera más eficiente y eficaz.
Incremento de la capacidad tributaria y solidaridad
Otro aspecto fundamental de la propuesta es el incremento de la capacidad tributaria de las comunidades autónomas. Se prevé un aumento significativo en la recaudación de impuestos como el IRPF y el IVA, lo que se traduce en una mayor autonomía fiscal. Esto es crucial, ya que permite a las comunidades gestionar mejor sus recursos y responder a las necesidades locales.
Con el nuevo modelo, se espera que la recaudación por IRPF pase del 50% al 55%, y el IVA del 50% al 56,5%. Esta modificación no solo aumentará los ingresos de las comunidades, sino que también fomentará un sistema más autónomo donde cada región podrá financiar sus servicios públicos de manera más adecuada.
Solidaridad interterritorial
El modelo propuesto también refuerza la solidaridad interterritorial, asegurando que todas las comunidades autónomas alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado. Esto significa que las regiones con menor capacidad tributaria recibirán más apoyo, mientras que las más ricas contribuirán al bienestar general del sistema. Este mecanismo busca reducir las disparidades financieras entre comunidades, promoviendo una cohesión territorial más fuerte.
Compromiso del Gobierno con el Estado de bienestar
El compromiso del Gobierno con el Estado de bienestar se manifiesta en la propuesta de una aportación adicional de 19.000 millones destinada a reducir la brecha financiera entre comunidades. Este esfuerzo tiene como objetivo garantizar que las regiones menos favorecidas reciban los recursos necesarios para ofrecer servicios públicos de calidad.
Los fondos destinados a la nivelación vertical provendrán de un porcentaje de la recaudación del IRPF, asegurando así que las comunidades más desfavorecidas puedan acceder a los mismos niveles de financiación que aquellas en mejores condiciones. Este es un paso hacia la equidad y refuerza la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda, Montero destacó que este modelo es un paso hacia la mejora del Estado de bienestar, garantizando una mayor solidaridad interterritorial y reforzando la autonomía fiscal de las comunidades. Esta propuesta ha sido elaborada tras un exhaustivo análisis de las necesidades y singularidades de cada territorio.0