Recientemente, el Gobierno ha presentado una propuesta que contempla un aumento salarial fijo del 10% para los empleados públicos, a implementarse entre 2025 y 2028. Sin embargo, esta oferta viene acompañada de limitaciones, ya que el incremento no puede superar el 4% durante los años 2025 y 2026, con el objetivo de cumplir con el techo de gasto establecido.
El Ministerio de Función Pública ha mantenido reuniones con representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para discutir un nuevo acuerdo salarial, dado que el anterior caduca en 2025. Estas conversaciones forman parte de un esfuerzo por establecer un calendario que contemple no solo aumentos salariales, sino también mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del sector público.
Detalles de la propuesta salarial
En la segunda reunión, el Gobierno debía presentar los porcentajes específicos de aumento salarial para los años 2026 a 2028. También se esperaba una propuesta concreta para 2025, que sería retroactiva desde el 1 de enero.
Expectativas de los sindicatos
Los sindicatos han expresado que esta reunión debería centrarse en el aumento salarial pendiente, que no se abordó en la primera sesión del 5 de noviembre. En aquella ocasión, las conversaciones se enfocaron en temas laborales como el acceso a la Administración, la eliminación de restricciones en la reposición de personal y la implementación de la jubilación parcial.
En este marco, el Gobierno mostró interés en revisar la tasa de reposición de plantilla, una solicitud que han hecho los sindicatos. Estos han instado a la administración a levantar las limitaciones actuales sobre la contratación de nuevos funcionarios.
Reacciones y críticas de los sindicatos
La propuesta presentada por el Gobierno ha suscitado reacciones adversas entre los sindicatos. El CSIF considera que la oferta inicial no logrará cubrir la inflación actual, que ha alcanzado un 3,1% hasta octubre de este año. Argumentan que, en los dos primeros años del acuerdo, los empleados públicos enfrentarán una pérdida real de poder adquisitivo.
Por su parte, CCOO ha calificado la oferta del Gobierno como inaceptable, sosteniendo que no se puede aceptar un acuerdo que no contemple la recuperación del poder adquisitivo. Este sindicato ha anunciado la posibilidad de movilizaciones, incluyendo una huelga general en diciembre, si no se presenta una oferta económica justa.
Perspectivas futuras de negociación
Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha señalado que el porcentaje de aumento propuesto por el Gobierno dificulta las negociaciones. UGT ha destacado que cualquier acuerdo debe asegurar la recuperación del poder adquisitivo y que no están dispuestos a sacrificar oportunidades económicas.
El Gobierno, bajo el liderazgo de Óscar López, ha manifestado su voluntad de estudiar las propuestas de los sindicatos y se compromete a mantener un diálogo abierto. En este contexto, la negociación salarial se inscribe en un objetivo más amplio: mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la relación entre la administración y los ciudadanos.
Contexto del acuerdo salarial
El acuerdo salarial actual entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, vigente desde 2025, incluye aumentos retributivos que combinan componentes fijos y variables. Este pacto prevé un incremento aproximado del 10% en los salarios de los funcionarios, lo que representa un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.
En la reunión programada, se anticipa que el Gobierno presentará un nuevo porcentaje de aumento salarial. Este compromiso, que debía cumplirse a más tardar en esta fecha, es un tema de gran interés. Por su parte, CSIF ha solicitado un incremento que se alinee con la inflación, así como un ajuste automático anual, similar al que se aplica a las pensiones.
UGT y CCOO han solicitado un aumento salarial que supere la inflación real. Este incremento es fundamental para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Las organizaciones sindicales han avisado al Gobierno que mantendrán una postura exigente durante las negociaciones. Además, han indicado que reanudarán sus movilizaciones si no se logran acuerdos satisfactorios.
La negociación del aumento salarial para los empleados públicos se presenta como un proceso complejo y esencial. No solo influye en las retribuciones, sino que también impacta en la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.