En el Pleno del Congreso se somete a votación la admisión a trámite de una proposición de ley registrada por Sumar que busca frenar los efectos laborales negativos de las deslocalizaciones. La decisión sobre si el texto inicia su tramitación parlamentaria se toma el martes, 24 de febrero, y en caso de prosperar abriría un periodo de enmiendas y debate que puede prolongarse meses hasta su eventual aprobación definitiva.
La iniciativa nace con el objetivo declarado de reforzar la protección de las plantillas frente a traslados de actividad fuera de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE), así como de imponer obligaciones adicionales a las empresas que hubieran recibido apoyos públicos en años previos.
El texto pretende actuar sobre herramientas laborales como los despidos colectivos, las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y la inaplicación de convenios.
Qué propone la iniciativa
El núcleo de la proposición es la incorporación de una nueva disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores.
Con ella se impediría que las empresas que deslocalicen su actividad fuera del EU puedan llevar a cabo despidos colectivos, extinguir contratos por causas objetivas, aplicar modificaciones sustanciales de condiciones laborales o inaplicar acuerdos de convenio cuando tales medidas estén vinculadas al traslado.
Además, el texto incluye una medida económica: si una compañía que deslocaliza había sido beneficiaria en los cuatro años anteriores de medidas relacionadas con expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o del Mecanismo RED, tendría que reembolsar los importes percibidos en prestaciones, exoneraciones de cotizaciones o ayudas vinculadas.
Transparencia y participación sindical
La proposición también incorpora mecanismos para incrementar la transparencia en procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas. Se exige que la plantilla reciba información detallada y que los sindicatos participen en las negociaciones entre comprador y vendedor, con plazos mínimos y obligación de presentar un plan de viabilidad ante la autoridad laboral.
En concreto, para operaciones entre particulares que impliquen la transmisión de la titularidad, se establece un periodo de consultas de al menos treinta días naturales destinado a negociar de buena fe un acuerdo que mantenga la actividad y el empleo. Si no hay acuerdo, la representación de las personas trabajadoras dispondría de derechos de tanteo y retracto para adquirir la unidad productiva en plazos concretos.
Garantías procesales
El texto obliga a que la empresa vendedora ponga a disposición de la representación toda la información sobre el potencial comprador y las condiciones negociadas, incluidas las relativas a precio y aspectos productivos o financieros. La representación sindical deberá respetar un deber de sigilo, y la autoridad laboral será informada del inicio del periodo de consultas mediante acta de la primera reunión.
Motivaciones y ejemplos citados
Sumar argumenta que las deslocalizaciones empresariales generan desinversión, cierres de centros productivos y pérdida de tejido económico, con el empleo como principal víctima. En la exposición de motivos figura el caso de la planta de Sekurit en Avilés, perteneciente a la multinacional Saint-Gobain, que sirve como ejemplo de un proceso en el que parte de la producción se ha trasladado a fábricas fuera de la UE y que ha culminado en un expediente de despido colectivo.
También se alude al sector textil y a empresas como Zara o H&M para ilustrar oleadas de deslocalizaciones que han llevado la producción a países donde, según el grupo proponente, no siempre se garantizan los derechos laborales mínimos. La proposición sostiene que prevenir esos efectos resulta clave para una economía más sostenible y una sociedad más justa.
Posibles repercusiones y debate
La admisión a trámite no implica la entrada en vigor de la norma. Si prospera, la iniciativa abrirá un proceso parlamentario en el que casi con seguridad emergirán debates jurídicos y económicos sobre su encaje con las libertades de establecimiento y la normativa comunitaria. Los partidos tendrán la oportunidad de presentar enmiendas y negociar modificaciones sobre alcance, plazos y mecanismos de control.