El crédito al consumo se ha situado nuevamente en el centro del debate regulatorio en España. La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) ha presentado alegaciones al anteproyecto del Gobierno para trasponer la directiva europea sobre contratos de crédito al consumo.
Las cifras provisionales citadas por la patronal muestran un volumen cercano a 80.000 millones de euros en financiación ligada a la compra de vehículos y alrededor de 23.000 millones en préstamos personales, datos que explican la intensidad del conflicto.
¿Por qué importa ahora? Asnef cuestiona umbrales, categorías y mecanismos de control que, según su criterio, no se ajustan a la realidad salarial española. La patronal propone redefinir el umbral de alto coste, revisar indicadores técnicos y ampliar los plazos de implementación para dar seguridad jurídica al sector.
Los números
Asnef aporta cifras para contextualizar sus alegaciones. En 2026, el volumen de crédito al consumo declarado por la patronal ascendió a 22.686 millones de euros, de los que 8.131 millones correspondieron a tarjetas revolving. El sector privado estima asimismo un mercado de financiación automovilística cercano a 80.000 millones.
Estos datos sustentan la petición de revisar que el límite para considerar un préstamo de alto coste quede fijado en 1.000 euros, umbral que Asnef considera desproporcionado frente al salario mínimo interprofesional.
El contexto del mercado
La propuesta del Gobierno plantea topes basados en el tipo medio del crédito al consumo, con márgenes diferenciados por tramos de importe. Para créditos de alto coste, se propone un periodo mínimo de reembolso de tres cuotas mensuales y un tope orientativo que reduzca el coste total a un tipo mensual próximo al 4 %.
Asnef defiende que esos límites deben ajustarse en función del destino del crédito y la tipología del producto. La patronal argumenta que una regulación rígida podría favorecer la concentración del mercado en empresas de microcréditos con prácticas menos transparentes.
Las variables técnicas
Entre las variables que Asnef pide revisar figura la diferenciación nítida entre TIN y TAE en la normativa. La asociación reclama también incorporar la tipología, el plazo y el destino del crédito en el cálculo de topes para evitar distorsiones en comparativas publicitarias y contractuales.
Asimismo, Asnef propone cinco categorías de crédito al consumo para facilitar la comparación: financiación de vehículos, créditos para fines concretos (por ejemplo, instalaciones solares), préstamos sin destino específico, tarjetas revolving y financiaciones comerciales a plazo, incluidas las ofertas con 0 % de interés.
Impactos sectoriales y riesgos
La patronal advierte que la nueva normativa podría sacar a la luz cerca de un millar de entidades que hoy operan al margen de la regulación. Señala publicidad de productos con TAE muy elevadas y pide mecanismos que frenen prácticas abusivas y obliguen a mayor transparencia.
También solicita conservar figuras como la reserva de dominio en la compra de vehículos y limitar la aplicación normativa a personas físicas. Entre las medidas de mitigación propone una cláusula de sanación frente a efectos retroactivos y ampliar a 12 meses el plazo de implementación.
Riesgos de competencia y acceso al crédito
¿Por qué importa ahora? Asnef cuestiona umbrales, categorías y mecanismos de control que, según su criterio, no se ajustan a la realidad salarial española. La patronal propone redefinir el umbral de alto coste, revisar indicadores técnicos y ampliar los plazos de implementación para dar seguridad jurídica al sector.0
¿Por qué importa ahora? Asnef cuestiona umbrales, categorías y mecanismos de control que, según su criterio, no se ajustan a la realidad salarial española. La patronal propone redefinir el umbral de alto coste, revisar indicadores técnicos y ampliar los plazos de implementación para dar seguridad jurídica al sector.1
Pronóstico cuantificado
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¿Por qué importa ahora? Asnef cuestiona umbrales, categorías y mecanismos de control que, según su criterio, no se ajustan a la realidad salarial española. La patronal propone redefinir el umbral de alto coste, revisar indicadores técnicos y ampliar los plazos de implementación para dar seguridad jurídica al sector.3