El 24 de febrero de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) examina una batería de propuestas registradas por distintos grupos parlamentarios que buscan concretar y ampliar los conceptos que se consideran gastos electorales, así como ordenar la utilización de microcréditos y racionalizar el envío postal de sobres, papeletas y propaganda.
Las iniciativas toman como punto de partida los informes del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las contabilidades electorales.
En la comisión, donde el Partido Popular y Vox cuentan con mayoría, se debatirán y votarán las resoluciones que recogen medidas técnicas y operativas para mejorar el control del gasto y la transparencia en los procesos electorales.
Las propuestas difieren en alcance y detalle, pero comparten la intención de adaptar la normativa a las prácticas actuales de financiación y comunicación política.
Qué se propone cambiar en la definición de gastos electorales
La LOREG ya tipifica algunos conceptos como la confección de sobres y papeletas, el franqueo postal, la publicidad para promover el voto, el alquiler de locales de campaña, y las retribuciones del personal contratado.
El PP plantea ir más allá y añadir partidas como la organización y difusión de actos, los desplazamientos vinculados a esos eventos, comidas y cenas de campaña, y el suministro o atención a interventores y apoderados, incluida la contratación de espacios para su coordinación.
El PSOE apuesta por una regulación más detallada dentro de la LOREG, sin concretar medidas puntuales en su documento, pero instando a aprovechar la reforma en trámite para reducir desajustes entre el tope de gasto y las subvenciones electorales. Vox, por su parte, exige que el cálculo de los intereses de los créditos de campaña se extienda hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones y reclama criterios armonizados de fiscalización en todos los procesos.
Microcréditos: límites, cuentas y plazos
Una parte central del debate gira en torno a los microcréditos que partidos y coaliciones usan para financiar campañas. Sumar incorpora las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y propone que la cuantía por prestamista no supere el límite legal de aportaciones privadas —actualmente 50.000 euros anuales— y que esos préstamos se abonen exclusivamente en las cuentas bancarias electorales.
Asimismo, Sumar sugiere que la devolución de estos micropréstamos se realice en un plazo máximo de un año natural desde la celebración de los comicios; que la renuncia a su devolución quede formalizada preferentemente por vía telemática; y que, en caso de renuncia, el importe se considere una donación a todos los efectos. Tanto PP como PSOE apoyan modificar la Ley de Financiación de Partidos para que las aportaciones privadas durante el periodo electoral se rijan por las reglas y cuentas específicas del proceso.
Aspectos operativos y transparencia
Entre las medidas prácticas se plantea la obligación de ingresar microcréditos en cuentas electorales y documentar su origen y destino con mayor rigor para facilitar la fiscalización. Vox reclama además que el Tribunal de Cuentas unifique criterios y entregue la fiscalización de las generales en plazos acotados, por ejemplo, en un máximo de seis meses tras la votación.
Revisar el ‘mailing’ electoral: ahorro y garantías
El envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda —el llamado mailing— es objeto de debate por su coste económico y ambiental. El Tribunal de Cuentas recomendó evaluar alternativas y tanto PSOE como Sumar respaldan revisar el procedimiento actual. Sumar propone estudiar la compra centralizada de materiales y la posibilidad de que el votante disponga de sobres y papeletas en los colegios electorales el día de la jornada.
El órgano fiscalizador también subraya que los partidos deben acreditar la puesta a disposición del electorado de ese material, ya sea mediante envío postal o reparto directo en sedes y actos de campaña. El PSOE añade la conveniencia de implantar un sistema de preregistro telemático en el servicio postal para identificar claramente los envíos subvencionables y facilitar la tramitación electrónica del depósito, la emisión de albaranes y la facturación.
Garantías logísticas y excepciones
El PP solicita al Gobierno disponer de un stock de sobres y papeletas para cubrir incidencias en la distribución por parte de Correos y pide que no se obligue a sincronizar exactamente el número de sobres confeccionados con el número de franqueos justificados, dado que el censo definitivo no está disponible en el momento de la contratación.
En conjunto, las propuestas buscan un equilibrio entre la eficiencia operativa, la reducción de costes y el refuerzo de la transparencia en la financiación y el despliegue de material electoral. La Comisión Mixta votará estas iniciativas tras el debate, marcando el rumbo de posibles cambios legales o recomendaciones al Gobierno y al Tribunal de Cuentas.