El debate parlamentario sobre la financiación de campañas se reaviva en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, convocada para examinar las resoluciones registradas por los grupos políticos a raíz de los informes sobre las contabilidades electorales de las generales de 2026 y de las europeas de 2026.
La sesión, que aparece referida en documentos con fecha Sábado, 21 de febrero 2026, 12:44, pretende aclarar qué conceptos deben integrarse en la lista de gastos electorales que recoge la LOREG y abordar propuestas sobre microcréditos y el sistema de envío de sobres, papeletas y propaganda.
Los textos presentados por PP, PSOE, Vox y Sumar buscan responder a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que urgió a concretar categorías y mejorar la fiscalización. En la comisión, donde PP y Vox suman mayoría, se debatirán las distintas visiones sobre ampliación de conceptos, límites de financiación privada, plazo de devolución de préstamos y opciones para reducir el coste y el impacto ambiental del mailing electoral.
Ampliar y precisar qué se entiende por gastos electorales
El actual articulado de la LOREG incluye conceptos básicos como la elaboración de sobres y papeletas, el franqueo, la propaganda y el alquiler de locales para actos de campaña. El PP propone añadir de forma expresa partidas que hoy quedan difusas: la organización y retransmisión de actos, desplazamientos vinculados a estos eventos, comidas y cenas de campaña, y la logística para interventores y apoderados, incluido el alquiler de espacios destinados a su coordinación. La intención es que estos supuestos se consideren claramente como gasto electoral a efectos de control y subvención.
Posturas del PSOE y Vox: matices y medidas concretas
El PSOE apuesta por una regulación más específica dentro de la reforma de la LOREG en trámite, sin detallar medidas concretas en su resolución, pero instando a aprovechar la reforma para subsanar desajustes entre los límites de gasto y las subvenciones que reciben las formaciones. Vox, por su parte, solicita que el cómputo de intereses de los créditos utilizados por los partidos se calcule hasta el momento efectivo del pago de la subvención por las administraciones públicas y reclama la unificación de criterios de fiscalización para todos los procesos electorales.
Plazos y criterios de fiscalización
Vox exige además que el Tribunal de Cuentas entregue la auditoría de las cuentas de las generales en un plazo de seis meses desde la celebración de los comicios, con el objetivo de incrementar la transparencia y la predictibilidad del control. El PSOE y el PP, aunque con matices, también respaldan la necesidad de mejorar la precisión en las categorías de gasto para facilitar la labor fiscalizadora.
Regulación de microcréditos y control de donaciones
Sumar ha puesto el foco en los microcréditos empleados por los partidos como fuente de liquidez durante las campañas, incorporando recomendaciones del fiscalizador. Entre sus propuestas figura que la cuantía máxima por prestamista no supere el tope legal de aportaciones privadas, actualmente fijado en 50.000 euros anuales, que los préstamos se ingresen en las cuentas bancarias electorales y que su devolución no exceda de un año natural desde la jornada de los comicios. También plantea que la renuncia a la devolución se formalice preferentemente por vía telemática y sea tratada como una donación a todos los efectos.
Reforma de la Ley de Financiación de Partidos
En líneas generales, PP, PSOE y Sumar coinciden en impulsar cambios en la Ley de Financiación de Partidos para que las aportaciones privadas realizadas durante el periodo electoral se consideren destinadas exclusivamente a financiar ese proceso y se ingresen en las cuentas habilitadas para tal fin, lo que facilitaría la trazabilidad y la fiscalización.
Revisión del envío postal de propaganda: eficiencia y alternativas
El mailing electoral —envío personalizado de sobres, papeletas y propaganda— entra en la agenda con propuestas que buscan ahorro económico y reducción del consumo de papel. Sumar respalda de forma explícita las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, proponiendo evaluar la eficiencia material y económica del sistema, valorar la adquisición centralizada de sobres y papeletas y explorar alternativas como la entrega en sedes o en actos de campaña, o incluso la disponibilidad en los colegios electorales el día de la votación.
El PSOE sugiere implantar un procedimiento de preregistro telemático en el operador postal para identificar los envíos subvencionables y potenciar la tramitación electrónica del depósito, la emisión de albaranes y la facturación. El PP, por su parte, reclama que el Gobierno disponga de un stock para cubrir envíos que no lleguen correctamente y pide que no se exija la sincronización cuantitativa estricta entre sobres confeccionados y franqueos justificados, dada la incertidumbre del censo en el momento de contratación.
Conclusión: hacia una regulación más detallada y fiscalizable
La batería de propuestas en la Comisión Mixta refleja la búsqueda de un equilibrio entre mayor control, claridad normativa y eficiencia operativa en la financiación electoral. La mesa de debate combinará quienes promueven ampliaciones concretas de gastos electorales, quienes priorizan transparencia en el cálculo de intereses de créditos y quienes proponen cambios para reducir el coste y el impacto del mailing. La decisión de la comisión marcará el rumbo de la reforma normativa necesaria para ajustar la práctica política a las exigencias del control público.