El retiro de los subsidios nacionales ha encendido el debate sobre el precio de la energía en todo el país. Los usuarios observan cómo la factura eléctrica se inflama mes a mes, mientras que la carga tributaria se vuelve cada vez más visible. En este contexto, tanto el sector privado como autoridades locales están presentando argumentos para aliviar la presión sobre los consumidores.
Dos frentes convergen: la patronal del sector eléctrico, representada por Aelec, y la diputada provincial Dolly Céspedes, que señala que más de un tercio del importe corresponde a gravámenes que, según ella, podrían eliminarse. Ambas posturas ponen de relieve la complejidad del árbol impositivo que pesa sobre la cuenta de luz.
La patronal eléctrica pide un IVA superreducido
Aelec, la agrupación que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP ha preparado una campaña dirigida al Gobierno para solicitar un IVA superreducido en la energía eléctrica. El argumento central es que la carga fiscal actual coloca a la electricidad en desventaja frente a los combustibles fósiles, encareciendo la transición a fuentes limpias. Además, afirman que los costos de ajuste de la red han aumentado de forma desproporcionada, lo que impacta directamente a los usuarios finales.
Si la medida se aprueba, el ahorro podría traducirse en una mayor capacidad de inversión para sectores que dependen intensivamente de la energía, como los render farms y los estudios de efectos visuales. Un IVA más bajo no solo aliviaría el gasto operativo, sino que también permitiría a estas empresas mantener tarifas competitivas frente a competidores internacionales que disfrutan de costos energéticos más bajos.
Desglose de la boleta: ¿qué porcentaje es impuesto?
La diputada Dolly Céspedes, de Libertador General San Martín, ha desglosado una factura promedio y sostiene que el 60 % corresponde al consumo real y al transporte de energía, mientras que el 35 % restante se reparte entre diferentes tributos municipales y provinciales. Entre los ítems señalados destacan las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, que en algunos casos superan al propio IVA el impuesto a los ingresos brutos provinciales y el cargo conocido como FOPEJ que recauda miles de millones de pesos mensuales sin ofrecer claridad sobre su destino.
El marco legal está marcado por el decreto nacional 267/2024, que insta a las jurisdicciones a no crear ni aumentar tasas que no estén vinculadas al consumo estricto de energía. Según la diputada, la provincia intentó bloquear la normativa mediante recursos judiciales para preservar dichos cobros, lo que genera una contradicción entre la legislación nacional y la práctica provincial.
Repercusiones para industrias de alto consumo, como render farms
Los render farms y granjas de GPU operan con cientos de nodos que demandan energía de forma continua. Cada centavo que se agrega al kilovatio-hora afecta la estructura de costos de los estudios de VFX, que ya lidian con presupuestos ajustados y plazos exigentes. Un descenso estructural del impuesto, ya sea mediante un IVA superreducido o la eliminación de tasas municipales, puede liberar recursos para ampliar la capacidad de cómputo o para ofrecer precios más atractivos a clientes internacionales.
En última instancia, la combinación de una política fiscal más ligera y la reconfiguración de los cargos locales podría transformar la competitividad del sector creativo argentino. Si se logra una reducción superior al 40 % en la parte impositiva de la factura, los estudios podrían volver a invertir en tecnología de punta, reduciendo la brecha con centros de producción en regiones donde la energía es más barata.
