Con la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, el PSOE ha plasmado en su programa una estrategia que sitúa al Estado como motor principal de la economía. Entre los pilares de la propuesta destacan la regulación de precios de productos de primera necesidad y un conjunto de decretos dirigidos al mercado de la vivienda, todo ello bajo la premisa de proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía frente a la inflación y a los salarios insuficientes.
El proyecto de ley de Consumo Sostenible que incorpora la directiva europea de Empoderamiento del Consumidor introduce un artículo que prohíbe cualquier incremento del precio final de bienes y servicios cuando se produzca una situación de urgencia, riesgo o necesidad. La norma prevé que, una vez declarada la emergencia, los precios no podrán superar los niveles establecidos en los treinta días anteriores al hecho que originó la urgencia. La intención declarada es evitar que los alimentos y otros productos esenciales aumenten desproporcionadamente cuando los costos de producción se disparan, como ha ocurrido tras la guerra en Ucrania y el reciente alza de los precios energéticos en Oriente Medio.
Intervención en el mercado de la vivienda
Paralelamente, el Ejecutivo ha presentado una serie de decretos que buscan una intervención más profunda en el sector inmobiliario. El presidente Pedro Sánchez ha manifestado que “es imperioso intervenir el mercado de la vivienda, la ley de la oferta y la demanda no funciona”. En la práctica, los decretos contemplan límites al precio del alquiler y la creación de una empresa pública de vivienda, materializada con la transformación de la entidad Sepes en la Agencia Casa 47. Además, se han impulsado iniciativas para que las empresas compartan sus beneficios con los trabajadores, aunque todavía no han sido aprobadas.
Estas medidas forman parte de una visión más amplia trazada en la ponencia marco del 41.º Congreso Federal del PSOE, donde se habló de “socializar una prosperidad” que no dependa exclusivamente del mercado. Desde entonces, la coalición PSOE-Sumar ha incrementado la presencia del Estado en sectores estratégicos, con ejemplos como la recompra de acciones de Indra, Telefónica o Talgo, y la lucha contra el llamado dumping fiscal de las comunidades autónomas.
Crítica del FMI a los subsidios y propuesta de ayudas directas
En el mismo periodo, el Fondo Monetario Internacional ha publicado un informe que cuestiona la efectividad de los subsidios dirigidos a productores y distribuidores para contener la subida de precios. El estudio señala que intervenir directamente sobre los precios de la electricidad, la gasolina o el gas natural puede requerir entre tres y veintidós veces más recursos fiscales que las transferencias directas a los hogares más vulnerables para lograr una protección comparable.
El FMI argumenta que los subsidios suelen beneficiar en mayor medida a familias con ingresos medios y altos, ya que el alivio se distribuye de manera indiscriminada. Según los datos del organismo, por cada euro invertido en contener el precio de la gasolina, los hogares de bajos recursos recibieron menos del 20 % del monto, mientras que los de mayor capacidad económica captaron hasta el 40 %. En contraste, las ayudas monetarias focalizadas permitirían concentrar el gasto público en quienes realmente sienten el impacto de la inflación, sin distorsionar las señales de precios que orientan la producción y el consumo.
El informe también advierte que, aunque los subsidios pueden aportar un alivio inmediato, a medio plazo generan presión sobre la deuda pública y pueden obligar a ajustes fiscales que perjudiquen a los mismos hogares vulnerables. Por ello, el FMI recomienda priorizar transferencias directas temporales y bien dirigidas como la alternativa más eficiente y sostenible para proteger a la población frente a la escalada de precios.
