El debate parlamentario celebrado el martes 17 de febrero puso sobre la mesa diversas afirmaciones sobre los microcréditos. Desde la Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP) consideramos necesario clarificar varios puntos esenciales para evitar equívocos y garantizar que las decisiones regulatorias se fundamenten en datos y prácticas reales.
A continuación se exponen aclaraciones sobre la evaluación de solvencia, el modelo de negocio, el ticket medio y las propuestas de regulación inspiradas en experiencias internacionales.
Nuestro objetivo es ofrecer un relato fiel y práctico: explicar cómo operan las entidades adheridas a AEMIP, las salvaguardas existentes y las medidas que proponemos para compaginar la protección del consumidor con la disponibilidad de un producto financiero que atiende necesidades de liquidez a corto plazo.
Evaluación de solvencia: rapidez con controles
En varias intervenciones se sugirió que los préstamos se conceden «en minutos» sin comprobar la capacidad de pago. Es importante matizar que la inmediatez en la decisión no implica ausencia de controles.
Las empresas asociadas aplican un análisis de solvencia apoyado en infraestructura tecnológica capaz de cruzar múltiples fuentes de datos en minutos. Esa combinación de automatización y reglas de negocio permite verificar identidad, anti‑fraude y prevención de blanqueo de capitales, y ejecutar criterios de riesgo antes de autorizar un préstamo.
Datos que contextualizan
Para dar dimensión a estos procesos, en la ratio de aprobación media de nuevos clientes entre las empresas de AEMIP fue del 24.7% —aproximadamente uno de cada cuatro solicitantes—. Esta cifra refleja la aplicación de filtros y no la ausencia de examen; una tasa de aprobación así sugiere que se rechazan la mayoría de solicitudes tras aplicar controles de solvencia y antifraude.
Modelo de negocio y protección del consumidor
Se aludió durante el pleno a la idea de que el negocio se sostiene en el «impago» de los consumidores. La realidad es distinta: el impago representa una pérdida económica para la empresa, por lo que no constituye una estrategia rentable. Además, AEMIP obliga a sus miembros a cumplir un Código de Buenas Prácticas que define estándares de conducta, incluidas pautas específicas para clientes en dificultades, medidas de trato responsable y mecanismos de atención al usuario.
Ética y sostenibilidad
La supervivencia del sector depende de una cartera sana y de prácticas que reduzcan la morosidad. Por ello, las entidades se enfocan en la prevención del sobreendeudamiento y en soluciones para clientes con problemas de pago, combinando políticas de reestructuración, acuerdos transitorios y asesoramiento, siempre dentro del marco del tratamiento responsable del cliente establecido en el código.
Características del producto y propuestas regulatorias
Contrariamente a imágenes extremas presentadas en el debate, los créditos que gestionan las entidades adheridas a AEMIP tienen un ticket medio en torno a los 350 euros y una duración media de 22 días. Son instrumentos pensados para solventar imprevistos de liquidez en el corto plazo, no para financiar necesidades a medio o largo plazo. Cuando la regulación limita de forma excesiva este tipo de oferta, la experiencia internacional muestra que muchos clientes acaban recurriendo a canales informales y sin control.
Para equilibrar protección y acceso, AEMIP respalda un marco inspirado en el modelo británico de high‑cost short‑term credit, que propone tres límites concretos: un tope diario del 0,8% sobre el capital, un máximo fijo por comisión de impago (por ejemplo, 15 libras) y un techo absoluto que impida que el coste total supere el 100% del principal. Este esquema ha demostrado reducir riesgos al consumidor sin eliminar la oferta regulada.
Supervisión y colaboración con autoridades
AEMIP comparte que el sector debe quedar sujeto a supervisión, inscripción en registros y autorización por parte del Banco de España. Una regulación clara y una vigilancia efectiva proporcionan seguridad jurídica tanto para los consumidores como para las empresas que operan de forma responsable. En ese marco, la asociación se ofrece a colaborar con las instituciones para diseñar un régimen que sea exigente en protección y proporcional en su impacto sobre la oferta regulada.
La combinación de controles de solvencia, un código de conducta obligatorio, límites prudentes y supervisión pública es, a nuestro juicio, la vía más eficaz para preservar el valor social de los microcréditos.