Madrid, 4 de marzo de 2026. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado su preocupación tras la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto del Estatuto del Becario. En su comunicación, la organización reclama que antes de proseguir con la tramitación parlamentaria se abra un proceso de diálogo real con las universidades, ya que la regulación afecta directamente al diseño docente y a la organización de miles de títulos universitarios.
CRUE defiende que las prácticas académicas externas deben conservar su naturaleza formativa y no transformarse en relaciones laborales encubiertas.
Desde la entidad se reconoce la intención del texto de reforzar aspectos positivos como la tutorización profesional, la protección en materia de prevención de riesgos laborales y el reconocimiento de derechos vinculados a situaciones de enfermedad o cuidados.
No obstante, CRUE subraya que existe un riesgo estructural si el proyecto se implementa sin una memoria económica rigurosa que explique cómo se financiarán las obligaciones que impone la norma. La organización advierte que, sin ese respaldo financiero, la disponibilidad de plazas formativas podría caer de forma significativa, especialmente en sectores clave como el sanitario y el educativo.
Por qué las universidades deben estar en la negociación
CRUE recuerda que el régimen jurídico de las prácticas académicas es una materia académica cuya competencia corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a las propias universidades. Aunque estas instituciones no formen parte de la Mesa de diálogo social, su experiencia técnica y conocimiento del funcionamiento real de los programas de prácticas son imprescindibles para identificar dificultades de aplicación y proponer soluciones prácticas. Ignorar a las universidades podría resultar en normas difíciles de aplicar o en consecuencias no previstas que afecten a la calidad formativa.
Contribución técnica y propuestas
Las universidades pueden aportar aportes técnicos sobre la estructura de las prácticas, la carga docente de la tutorización y los mecanismos de evaluación. CRUE solicita que durante la tramitación parlamentaria se incorporen las alegaciones técnicas ya presentadas por sus órganos competentes. Estas aportaciones buscan equilibrar la protección del estudiantado con la viabilidad operativa, garantizando que la norma refuerce derechos sin sacrificar la oferta formativa ni generar obstáculos administrativos o económicos innecesarios.
La financiación: punto crítico del Estatuto
El núcleo del rechazo de CRUE al texto actual es la ausencia de una financiación pública adecuada reflejada en la memoria de impacto normativo. Más del 40 % de las prácticas curriculares se realizan en entidades públicas —ministerios, centros sanitarios y centros educativos— que ya afrontan dificultades para asumir los costes asociados hoy. La obligación de compensar gastos sin una delimitación objetiva y sin partida presupuestaria clara podría comprometer la viabilidad del sistema y provocar una reducción drástica de plazas formativas, con un efecto especialmente dañino en ámbitos estratégicos.
Riesgos de trasladar costes
CRUE advierte explícitamente que esos costes no pueden recaer sobre las universidades ni trasladarse al estudiantado mediante incrementos en la matrícula. Hacerlo aumentaría las desigualdades entre instituciones y penalizaría a quienes tienen menos recursos. La sostenibilidad económica del Estatuto debe quedar reflejada en la memoria de impacto y en los presupuestos vinculados para evitar recortes de oferta y preservar la equidad en el acceso a las prácticas.
Balance y peticiones finales
Si bien CRUE valora mejoras puntuales del anteproyecto, insiste en que el objetivo común debe ser reforzar derechos y calidad sin limitar el acceso a una experiencia clave para la transición al mercado laboral. La organización comparte la inquietud del estudiantado: una regulación sin respaldo financiero suficiente puede reducir oportunidades formativas y de empleabilidad. Por ello, CRUE solicita que se asegure un marco normativo equilibrado, respetuoso con las competencias académicas y económicamente viable.
Demandas concretas
En concreto, CRUE pide: apertura de un diálogo institucional con las universidades; incorporación de las alegaciones técnicas ya presentadas; una memoria económica detallada que contemple la financiación pública necesaria; y garantías de que los costes no se trasladarán a estudiantes ni a universidades. Solo con esas condiciones, subraya la Conferencia, será posible mejorar las condiciones de las prácticas sin comprometer la calidad del sistema universitario.