El crecimiento del mercado digital ha multiplicado oportunidades de inversión, pero también ha generado un aumento de estafas relacionadas con criptomonedas. En España muchas personas, tanto principiantes como inversores con experiencia, descubren tarde que han sido objeto de fraudes sofisticados y no saben a quién dirigirse.
Esta guía ofrece un recorrido claro y práctico por el modo de operar de los timos más frecuentes, el encaje legal en el ordenamiento español y los pasos recomendados para intentar recuperar los activos o acudir a la vía penal.
Antes de entrar en detalles, es útil comprender que no existe impunidad por el hecho de que las criptodivisas no sean moneda de curso legal: la normativa penal contempla los delitos que implican engaño patrimonial y dispone de mecanismos para investigar y perseguir a los responsables.
Actuar con rapidez y con apoyo técnico y jurídico especializado incrementa las probabilidades de éxito en la reclamación y en la investigación criminal.
Cómo operan las estafas en el ecosistema cripto
Los fraudes adoptan múltiples formas, pero convergen en tres tácticas básicas: ganarse la confianza, mostrar resultados aparentemente reales y bloquear la salida de fondos. Entre los modelos habituales aparecen los denominados rug pull, donde creadores de un token o proyecto DeFi desaparecen tras vaciar las liquidez; campañas de phishing que suplantan exchanges o billeteras para obtener claves privadas; y plataformas que simulan rendimientos, aceptan depósitos y luego impiden retiradas alegando controles ficticios, impuestos inexistentes o comisiones extra. También existen estafadores que actúan como falsos asesores financieros en redes sociales, pidiendo acceso remoto o transferencias para gestionar inversiones en Bitcoin o Ethereum y luego desapareciendo sin dejar rastro.
Qué contempla la ley española y qué delitos suelen investigarse
Aunque las monedas virtuales no tengan estatus de curso legal, los ilícitos que implican engaño patrimonial encajan en el Código Penal. El artículo 248 define la estafa como el artificio que causa un perjuicio económico mediante engaño; el artículo 249 fija penas básicas que pueden ir de seis meses a tres años de prisión y el artículo 250 detalla agravantes aplicables cuando el fraude supera ciertos importes, afecta a numerosos perjudicados o se comete con medios informáticos. Con frecuencia, las investigaciones también abordan delitos conexos como blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, sobre todo en estafas masivas que fragmentan y mueven fondos entre múltiples wallets para dificultar su rastreo.
Implicaciones prácticas para la persecución penal
Los criterios de agravación y la naturaleza digital de las pruebas hacen que muchos casos cripto reúnan elementos que permiten solicitar medidas cautelares, órdenes de bloqueo y cooperación internacional entre fiscalías y plataformas. Por eso, aunque la vía penal puede resultar lenta, ofrece herramientas para identificar responsables, congelar activos en exchanges regulados y coordinar oficios internacionales frente a jurisdicciones fuera de España.
Pasos concretos para la víctima: de la prueba a la denuncia
El primer error es esperar. Cada minuto sin denunciar reduce la posibilidad de rastrear y recuperar fondos. Reúne y preserva toda la documentación: capturas de pantalla de la operación, correos, chats, publicidad recibida, contratos, direcciones de wallet y el histórico de transacciones en la cadena de bloques. Con esa evidencia, presenta una denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o en el juzgado competente, describiendo con precisión los hechos y adjuntando la mayor cantidad de documentación técnica posible.
El papel del asesoramiento especializado
Contar con abogados expertos en delitos económicos y tecnología es esencial. Un despacho especializado combina el análisis forense de blockchain, la identificación de exchanges implicados, la tramitación de solicitudes de bloqueo y la estrategia procesal penal. Ese enfoque integral incrementa las probabilidades de que la investigación no quede archivada y que se adopten medidas eficaces para la recuperación de bienes. No es terreno para improvisar: la colaboración entre peritos informáticos y abogados penalistas suele marcar la diferencia.
El ordenamiento jurídico español permite perseguir estos delitos y, en muchos casos, recuperar fondos si se actúa con diligencia: conservar pruebas, presentar denuncia sin demora y buscar asesoramiento especializado son pasos clave para defender el patrimonio digital frente a las estafas cripto.