Recientemente, el Ministerio de Hacienda presentó una propuesta de modificación del sistema de financiación autonómica, un asunto que no había cambiado desde 2014. Este nuevo modelo se asemeja más a una evolución que a una revolución, ya que se prevé un aumento en los recursos destinados a todas las comunidades, mayor transferencia de impuestos y una reducción de las disparidades de financiación entre ellas.
Cataluña ha sido el principal actor en las negociaciones, participando activamente en conversaciones bilaterales con el Gobierno y ERC. Aunque se espera que obtenga beneficios de esta reforma, no todas sus demandas serán atendidas. La propuesta no contempla un cupo, como se había sugerido inicialmente, lo que ha llevado a que Junts exprese su desacuerdo.
A pesar de que el principio de ordinalidad no se blindará del todo, se garantizará a Cataluña en el inicio del nuevo modelo.
Ajustes en la distribución de recursos
El sistema de financiación se basa en la población ajustada, un indicador fundamental para la distribución de recursos.
Este indicador no solo refleja la población total de cada territorio, sino que también tiene en cuenta factores como el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica, elementos que afectan el costo de brindar servicios públicos esenciales.
Entre las principales modificaciones, se incorporan nuevos criterios en el área educativa, como el número de jóvenes de entre 18 y 24 años y aquellos estudiantes universitarios que residen fuera de su comunidad. En cuanto a los servicios sociales, se añadirán categorías de población mayor, diferenciando entre los mayores de 65 años y los desempleados sin subsidio. Además, se prevén mejoras para las comunidades que enfrentan problemas de despoblación.
Aumento en la cesión de impuestos
El modelo actual se basa en una combinación de recursos que provienen de transferencias estatales y de la recaudación de impuestos de las comunidades autónomas. En este nuevo planteamiento, se aumentará la proporción de impuestos cedidos. Por ejemplo, se pasará del 50% al 55% en el caso del IRPF y del 58% al 56.5% en el IVA. Además, se incluirán nuevos impuestos, como el de patrimonio y el de actividades del juego.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, estima que esta modificación podría generar alrededor de 16.000 millones de euros adicionales en el primer año de implementación, que comenzará en 2027. La aportación del Estado se incrementará hasta los 19.000 millones en comparación con los cerca de 13.000 del año 2026.
Impacto en las comunidades autónomas
Aunque el Ministerio no ha proporcionado detalles específicos sobre el aumento por habitante ajustado en cada comunidad, sí ha revelado que las mayores alzas se observarán en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Andalucía se beneficiará con 4.846 millones de euros adicionales, mientras que Cataluña verá un incremento de 4.686 millones.
Simplificación del sistema de fondos
La reforma también propone una simplificación en la estructura de fondos. El actual Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales se distribuye según la población ajustada, pero existen compartimentos que han generado confusión y distorsiones en la distribución. Con la nueva reforma, estos compartimentos se eliminarán, garantizando una reducción de la brecha de financiación entre comunidades.
La propuesta permitirá que todos los territorios alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado. Esta nivelación horizontal y vertical busca disminuir la distancia financiera de cada región en comparación con la que más recursos recibe, reduciendo la brecha de 1.500 euros a 700 euros.
Otros ajustes y consideraciones
Además, la reforma permitirá a las comunidades recaudar una parte del IVA generado por pequeñas y medianas empresas en su territorio, algo que se calculará con base en el consumo. También se introducirá un fondo climático de 1.000 millones de euros, que se distribuirá principalmente entre las comunidades mediterráneas más expuestas a fenómenos climáticos extremos.
Cataluña ha sido el principal actor en las negociaciones, participando activamente en conversaciones bilaterales con el Gobierno y ERC. Aunque se espera que obtenga beneficios de esta reforma, no todas sus demandas serán atendidas. La propuesta no contempla un cupo, como se había sugerido inicialmente, lo que ha llevado a que Junts exprese su desacuerdo. A pesar de que el principio de ordinalidad no se blindará del todo, se garantizará a Cataluña en el inicio del nuevo modelo.0
Cataluña ha sido el principal actor en las negociaciones, participando activamente en conversaciones bilaterales con el Gobierno y ERC. Aunque se espera que obtenga beneficios de esta reforma, no todas sus demandas serán atendidas. La propuesta no contempla un cupo, como se había sugerido inicialmente, lo que ha llevado a que Junts exprese su desacuerdo. A pesar de que el principio de ordinalidad no se blindará del todo, se garantizará a Cataluña en el inicio del nuevo modelo.1