El 23 de febrero de la Comisión Mixta entre Congreso y Senado someterá a votación una batería de propuestas destinadas a matizar qué se considera gasto electoral, cómo deben controlarse los microcréditos y de qué modo se organiza el tradicional mailing de sobres, papeletas y propaganda.
Los partidos han registrado resoluciones vinculadas a los informes del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las contabilidades de las elecciones generales de y las europeas de, y en la comisión parlamentaria PP y Vox cuentan con mayoría.
La discusión se sitúa en el cruce entre técnica jurídica y logística electoral: se busca convertir recomendaciones del fiscalizador en cambios normativos o instrucciones administrativas que reduzcan ambigüedades, potencien la eficiencia y garanticen que los fondos públicos sufraguen correctamente los gastos reembolsables.
Las propuestas varían según la formación, aunque comparten la preocupación por la transparencia y la eficiencia del proceso.
Ampliar y precisar las partidas que integran el gasto electoral
El Grupo Popular propone añadir nuevos conceptos a la lista del artículo 130 de la LOREG, que actualmente engloba el coste de sobres y papeletas, correspondencia y franqueo, publicidad, alquiler de locales y remuneraciones del personal de campaña.
Entre las ideas del PP figura considerar como gastos electorales la realización y retransmisión de actos públicos, los desplazamientos relacionados con esos actos, la organización de comidas y cenas de campaña, el avituallamiento de interventores y apoderados, y el alquiler de espacios destinados a su coordinación.
Reacciones de PSOE y Vox
El PSOE aboga por una definición más detallada en la LOREG sin concretar medidas específicas en su resolución y anima a aprovechar la reforma en tramitación de la ley para proponer ajustes que eviten desajustes entre los límites de gasto y las subvenciones electorales. Vox, por su parte, plantea que el cálculo de los intereses de los créditos para campañas se compute como gasto reembolsable sólo hasta el momento del pago de la subvención, y reclama una unificación de criterios del Tribunal de Cuentas y plazos de fiscalización más ágiles.
Microcréditos: límites, plazos y registro contable
Sumar incorpora las recomendaciones del Tribunal y plantea reglas concretas sobre los microcréditos que los partidos suelen contratar para financiar su actividad electoral. Entre sus propuestas figura que la cuantía máxima por prestamista no exceda del tope establecido para aportaciones privadas —ahora fijado en 50.000 euros anuales—, que estos préstamos se ingresen en las cuentas bancarias electorales y que el plazo de devolución no supere un año natural desde la jornada electoral. Además, sugiere que la renuncia a reclamar la devolución se formalice preferentemente por vía telemática y que ese acto se considere una donación a efectos legales.
PP, PSOE y Sumar coinciden en revisar la Ley de Financiación de Partidos para que las aportaciones privadas recibidas durante el periodo electoral se consideren destinadas a financiar ese proceso y, por tanto, cumplan con los requisitos de la normativa electoral y se abonen en las cuentas expresamente abiertas para ello. Estas medidas buscan cerrar huecos contables y reducir la opacidad en el origen y destino de recursos.
Mailing electoral: coste, sostenibilidad y alternativas operativas
El debate sobre el envío postal personalizado de sobres y papeletas pone sobre la mesa dos objetivos: ahorrar recursos públicos y adaptar la logística a los medios actuales. El Tribunal de Cuentas y Sumar proponen evaluar la eficiencia material y económica del mailing, subrayando que el material de votación se puede adquirir en los colegios electorales el día de los comicios, o distribuirse directamente en sedes y actos de campaña. Sumar favorece además la compra centralizada de sobres y papeletas para reducir costes y reforzar garantías en la ejecución del proceso.
Propuestas operativas y papel de Correos
El PSOE plantea que el operador postal implemente un sistema de preregistro telemático de los envíos personalizados para identificar qué remesas son subvencionables y que potencie la tramitación electrónica de depósitos, anticipos, albaranes y facturación. El PP, por su parte, solicita al Gobierno disponer de stock adicional de sobres y papeletas para cubrir zonas con distribución deficiente y pide que ni la Administración ni el Tribunal exijan una sincronización estricta entre el número de sobres fabricados y el franqueo justificado, dado que el censo definitivo no está disponible al contratar el material.
En conjunto, las iniciativas en la comisión buscan traducir las recomendaciones del fiscalizador en normas o procedimientos concretos que mejoren el control, la transparencia y la eficiencia del gasto electoral, desde la definición de partidas hasta la gestión de préstamos y la logística del envío postal. La votación y el alcance de las reformas marcarán los próximos pasos en la regulación de la financiación y organización de los procesos electorales en España.