El pasado viernes, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, presentó una ambiciosa propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Esta iniciativa busca modificar la distribución de los recursos públicos entre las comunidades autónomas, un tema que ha sido prioritario en la agenda política por años.
La reforma tiene como objetivo inyectar aproximadamente 20.975 millones de euros adicionales para el año 2027, en comparación con el modelo vigente desde 2009. Este nuevo enfoque no solo reorganiza la distribución de los fondos, sino que también asegura que cada territorio reciba lo que realmente necesita para garantizar servicios públicos de calidad.
Novedades en el modelo de financiación
Entre los aspectos más relevantes de la propuesta se encuentran cambios significativos en la recaudación fiscal. Se plantea aumentar el porcentaje de la recaudación del IRPF y IVA destinado a las comunidades autónomas.
Actualmente, este porcentaje es del 50%, y se propone elevarlo al 55% para el IRPF y al 56,5% para el IVA.
Criterios de población ajustada
Un aspecto clave de la nueva propuesta es la redefinición de lo que se conoce como población ajustada. Este concepto es fundamental para calcular las necesidades financieras de cada comunidad. Se ampliará el número de grupos de edad considerados para el gasto sanitario, pasando de 7 a 20 grupos, facilitando así un cálculo más preciso de los recursos necesarios.
Además, se estructurarán las variables de gastos en servicios sociales en diferentes tramos para los mayores de 65 años, lo que permitirá una mejor adaptación a las necesidades de esta población. También se incluirán en el cálculo a los desempleados sin prestación.
Equidad entre comunidades
La propuesta de reforma introduce mecanismos de nivelación horizontal y vertical. La nivelación horizontal se aplica para garantizar que las comunidades con menor financiación per cápita reciban más recursos, mientras que aquellas que superan la media aporten. Este enfoque busca asegurar una equidad territorial en la distribución de fondos.
El nuevo modelo establece un umbral mínimo del 75% de la media de recursos por habitante ajustado. Esto significa que ninguna comunidad podrá recibir menos de este porcentaje, asegurando así un soporte básico en la financiación. Por otro lado, la nivelación vertical implica que la Administración Central proporcionará recursos adicionales para reducir las disparidades entre las comunidades.
Mecanismos adicionales y próximos pasos
La reforma también propone la creación de un nuevo fondo climático y la implementación de mecanismos adicionales que permitirán a las comunidades autónomas acceder a parte del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas en sus territorios. Este sistema, que será opcional, se aplicará durante los próximos cinco años.
María Jesús Montero tiene previsto presentar esta propuesta en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se llevarán a cabo discusiones con las distintas comunidades. Posteriormente, el proyecto de ley se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros y luego se enviará al Congreso para su tramitación.
Esta reforma es crucial para la política territorial en España, ya que busca resolver las desigualdades en la financiación que han persistido en el sistema actual. Con el compromiso de que ninguna comunidad perderá recursos, la propuesta de Montero promete ser un cambio significativo en la gestión de las finanzas públicas en el país.