La iniciativa legislativa del Govern de Cataluña, impulsada por Salvador Illa (PSC) en acuerdo con En Comú Podem, propone un cambio profundo en las reglas de acceso a la vivienda que afecta directamente a los llamados grandes tenedores. El texto limita la posibilidad de adquirir inmuebles cuando la compra no tenga carácter residencial y prevé excepciones, como la compra de edificios completos destinados a alquiler regulado según el índice de precios fijado por la Generalitat.
El anuncio ha desatado críticas desde el sector privado y entidades del sector inmobiliario, que temen efectos adversos sobre la oferta de alquiler y la inversión en rehabilitación.
Las voces críticas, encabezadas por Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, han calificado la medida de filocomunista y auguran que la norma acabará enfrentándose al Poder Judicial.
Además de Foment, se han posicionado en contra asociaciones como la de promotores, los agentes inmobiliarios y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Según estos agentes, la intervención puede tensionar aún más un mercado con alta demanda y reducir la disponibilidad de pisos en alquiler.
Contenido y alcance de la reforma
La reforma, tramitada por la vía de urgencia en el Parlament para intentar su entrada en vigor durante el verano, plantea límites diferenciados por tamaño de propietario. Los pequeños propietarios podrán adquirir hasta cuatro viviendas para su uso personal o de familiares cercanos, y las segundas residencias deberán ubicarse en otro término municipal, sin posibilidad de explotarlas como alquiler turístico. En cambio, los grandes tenedores —definidos en Cataluña como personas físicas o jurídicas con cinco o más viviendas— verán limitada su capacidad adquisitiva salvo para comprar inmuebles completos y destinarlos a alquiler según el índice de la Generalitat.
Herencias y obligación de uso
Una de las novedades relevantes es la incorporación de las herencias dentro del alcance de la norma: los herederos tendrán que residir en la vivienda recibida, venderla o alquilarla con precios regulados en las zonas declaradas como zona tensionada. Esta imposición busca combatir la existencia de pisos vacíos y evitar compras con fines especulativos, pero introduce obligaciones formales frente a las que ya se han anunciado sanciones elevadas en caso de incumplimiento.
Reacciones del sector y argumentos jurídicos
El rechazo empresarial es unánime en cuanto a los impactos esperados: desde la caída de la rehabilitación hasta una menor entrada de promociones build to rent. Expertos y representantes del sector advierten de la posible vulneración de derechos como la propiedad privada y la actividad económica, lo que abre la puerta a recursos ante el Tribunal Constitucional. El argumento constitucional se centra en la posible discriminación territorial, ya que la norma limita la compra a quienes residan en Cataluña, rompiendo, según críticos, la unidad de mercado entre comunidades autónomas.
Aplicación municipal y coste político
La aplicación práctica de la norma recaerá en los ayuntamientos, que serán los encargados de vigilar el cumplimiento y de imponer sanciones en su caso. Esto podría dar lugar a desigualdades territoriales si consistorios gobernados por partidos contrarios deciden no aplicar estrictamente las medidas. Más allá de la dimensión legal, sectores empresariales subrayan un coste reputacional para Cataluña ante inversores internacionales, además del riesgo de que la reforma frustre la rehabilitación de un parque de viviendas envejecido por la percepción de mayor riesgo regulatorio.
Contexto político y próximas etapas
El pacto con En Comú Podem forma parte de la estrategia del Govern para cerrar apoyos que faciliten la aprobación de los presupuestos autonómicos; no obstante, el respaldo definitivo todavía depende de negociaciones con ERC, que plantean exigencias adicionales vinculadas a la financiación y a transferencias como la gestión del IRPF. El texto previsto afrontará enmiendas parlamentarias y previsibles recursos judiciales, por lo que su redacción final y su eficacia práctica seguirán sujetos a debate político y jurídico.
En síntesis, la norma busca priorizar el uso residencial y combatir la especulación, mientras que el sector privado alerta de efectos negativos sobre la oferta, la inversión y la reputación. Entre los elementos a observar en los próximos meses están la tramitación en el Parlament, las decisiones de los ayuntamientos sobre su aplicación y las impugnaciones judiciales que podrían determinar el futuro alcance real de la intervención.