El inicio del año 2026 trae consigo una serie de desafíos económicos significativos para el gobierno de Pedro Sánchez. La ausencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la reforma de la financiación autonómica se han convertido en temas críticos que podrían determinar el rumbo de la política económica en los próximos meses.
Si el gobierno logra avanzar en estos asuntos, podría encontrar un respiro, pero si no, las perspectivas de inacción aumentan considerablemente.
En el contexto actual, el gobierno se encuentra atrapado en un laberinto legislativo, donde diversas iniciativas siguen estancadas en el Congreso.
La única alternativa viable parece ser la utilización de reales decretos para continuar con su actividad, lo que refleja una situación de precariedad en su capacidad para generar cambios significativos.
La complicada situación de los presupuestos
Los Presupuestos deberían ser el pilar fundamental para el funcionamiento del gobierno, sin embargo, la realidad es muy distinta.
La negativa de Junts ha llevado a la paralización de la estabilidad presupuestaria, fundamental para la aprobación de las cuentas del Estado. A pesar de las promesas reiteradas de Sánchez y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el contexto político actual y la falta de apoyos han hecho que la posibilidad de presentar unos nuevos presupuestos para 2026 sea casi una quimera.
Desde el último ejercicio en que se pudieron implementar unos presupuestos actualizados, el gobierno se ha visto obligado a extender la prórroga presupuestaria, superando ya los 1.100 días de vigencia de los presupuestos anteriores. Esta prolongación ha llevado a que la gestión pública se convierta en un acto de malabarismo financiero, donde el gobierno ha incrementado el gasto en más de 73.000 millones de euros para cubrir gastos esenciales como las pensiones y salarios, todo ello sin el respaldo de un nuevo presupuesto.
El gasto sin control
A pesar de no contar con nuevos presupuestos, la administración ha ajustado la normativa para permitir una mayor flexibilidad en el uso de los recursos. Este escenario ha llevado a que alrededor de 35.000 millones de euros se destinen a diferentes partidas, lo que ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de esta práctica a largo plazo. Sin un marco legislativo claro, la gestión del gasto se asemeja a un sudoku complicado, donde cada movimiento debe ser calculado con precisión.
Reforma de la financiación autonómica
Otro de los retos cruciales que enfrenta Sánchez es la reforma de la financiación autonómica. Este proceso es vital para atender las demandas específicas de los partidos independentistas en Cataluña, como Junts y ERC. Tras meses de negociaciones, el gobierno presentó un proyecto de ley que contempla la absorción de más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, lo que podría aliviar la carga financiera de la Generalitat de Cataluña.
Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Hacienda, que incluye un aumento significativo de los recursos destinados a las comunidades autónomas, aún debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y el Congreso. La necesidad de alcanzar un consenso en este ámbito es crítica, ya que la oposición de Junts y otras fuerzas políticas ha complicado aún más la situación, dejando al gobierno en una posición vulnerable.
La inestabilidad legislativa
La resistencia de Junts a apoyar cualquier iniciativa legislativa mientras permanezca la incertidumbre sobre la financiación autonómica ha llevado a un estancamiento en el Congreso. Esta situación ha afectado a diversas propuestas clave, incluyendo la reducción de la jornada laboral y la creación de nuevas normativas económicas. El ambiente de tensión política ha contribuido a que importantes leyes, como la destinada a regular los lobbies en España, se encuentren paralizadas, dejando al gobierno en una lucha constante por mantener su agenda legislativa a flote.
Desafíos futuros y perspectivas políticas
A medida que avanza 2026, el gobierno de coalición se enfrenta no solo a retos internos, sino también a un panorama político incierto. Las encuestas apuntan a una disminución del apoyo popular hacia el PSOE, sugiriendo que, si no se logran acuerdos significativos, el presidente podría verse forzado a considerar elecciones anticipadas. El contexto actual presenta una presión considerable sobre el gobierno, que se encuentra en un ciclo de lucha por la estabilidad en medio de una crisis que parece no cesar.
El 2026 se perfila como un año crucial para el gobierno de Pedro Sánchez, donde la falta de presupuestos y la reforma de la financiación autonómica jugarán un papel determinante en su futuro político. La capacidad de navegar estos desafíos será fundamental para evitar un aumento de la inacción y para recuperar la confianza de los ciudadanos.