La situación de la dependencia y la discapacidad en España ha estado estancada durante demasiado tiempo. A pesar de la reciente propuesta para modificar las leyes correspondientes, el proceso legislativo no avanza. Esto genera incertidumbre en quienes dependen de estos servicios, fundamentales para su bienestar y inclusión social.
La reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, incluye cambios significativos destinados a mejorar la atención y la inclusión social. No obstante, la falta de financiación adecuada se erige como el mayor obstáculo para su implementación.
Un enfoque centrado en la autonomía
Uno de los objetivos principales de esta reforma es cambiar el enfoque histórico hacia la discapacidad y la dependencia. Se busca pasar de un modelo asistencialista a uno que promueva la autonomía de las personas afectadas.
Esto implica reconocer y respetar las decisiones de quienes se encuentran en esta situación, asegurando que su dignidad y derechos sean siempre prioritarios.
Accesibilidad y simplificación de procesos
Además, la iniciativa pretende abordar la accesibilidad universal y eliminar las incompatibilidades en las prestaciones económicas y servicios. Esto facilitaría que las personas con discapacidad y en situación de dependencia accedan a los programas y recursos que les corresponden sin complicaciones administrativas. La simplificación de estos trámites es crucial para garantizar que sus derechos sean respetados y cumplidos.
La importancia de cuidar a quienes cuidan
La reforma también destaca la necesidad de apoyar a las cuidadoras, quienes desempeñan un papel fundamental en el cuidado de personas dependientes. La propuesta incluye el reconocimiento de las labores de quienes cuidan en el ámbito familiar, así como medidas para dignificar esta profesión, que en su mayoría es ejercida por mujeres. Este reconocimiento es vital, ya que se trata de un sector que enfrenta múltiples retos y que es crucial para el bienestar social.
Condiciones laborales y derechos
El sector de los cuidados, caracterizado por condiciones laborales precarias y salarios bajos, necesita una regulación que garantice derechos laborales y de salud tanto para cuidadoras profesionales como para quienes cuidan en el hogar. Es fundamental que la nueva legislación beneficie no solo a quienes reciben cuidados, sino también a quienes los proporcionan, asegurando que se les reconozca como un pilar esencial en la atención a la dependencia.
La financiación como clave del éxito
A pesar de la relevancia de estos avances, la cuestión de la financiación de la ley de dependencia sigue sin respuesta. Sin una dotación económica adecuada, cualquier intento de reforma estará destinado al fracaso. La falta de fondos ha sido la principal razón por la que la legislación actual no ha podido desarrollarse completamente.
Datos recientes indican que, en 2026, el gasto en dependencia se situó por debajo de los 13 millones de euros, lo que representa solo el 0.8% del PIB español. Este porcentaje es notablemente inferior al promedio europeo, que alcanza el 1.8% del PIB. Es evidente que se requiere un aumento significativo en la financiación para garantizar que las personas dependientes reciban la atención necesaria.
La necesidad de una inversión justa
La inversión en dependencia debería ser un compromiso compartido entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Sin embargo, en 2026, el gobierno central solo financió el 27% del presupuesto total. Desde USO se defiende que el cuidado es un derecho humano básico, y que es inaceptable que miles de personas continúen falleciendo sin haber recibido el reconocimiento de su dependencia o la prestación correspondiente.
Es urgente tomar medidas para asegurar que la ley de dependencia cuente con los recursos necesarios para su implementación efectiva. De lo contrario, persistiremos en una situación insostenible donde los derechos de las personas con discapacidad y dependientes quedan relegados a un segundo plano.