El 9 de enero, en una fría mañana de invierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó un nuevo esquema para la financiación autonómica de las comunidades autónomas de régimen común. Aunque su discurso fue envolvente y optimista, es fundamental examinar más allá de las palabras para identificar los posibles vacíos y limitaciones de esta propuesta, que, en lugar de ser un regalo, podría convertirse en un lastre para muchas regiones.
La propuesta de la ministra, que busca aumentar la participación de las comunidades en la recaudación del IRPF y el IVA, podría generar un incremento en los recursos de hasta 21.000 millones de euros para. Sin embargo, es crucial no pasar por alto ciertos elementos que tienen el potencial de distorsionar el panorama financiero y la equidad entre las regiones españolas.
El olvido de los territorios forales
Una de las cuestiones más relevantes que no se mencionaron en el discurso de la ministra es la situación de los territorios forales como el País Vasco y Navarra. Aunque estos territorios no se rigen por el mismo sistema de financiación, su impacto en el conjunto del sistema es innegable.
En términos de recaudación, estas provincias generan la totalidad de sus impuestos y tienen competencias normativas sobre los mismos, lo que les permite disfrutar de una financiación considerablemente superior a la de otras comunidades.
Por ejemplo, los datos indican que la diferencia per cápita es asombrosa: mientras que un murciano recibe 2.910,96 euros, un vasco goza de 6.614,38 euros. Este hecho pone de manifiesto una realidad que perjudica la solidaridad interterritorial, un concepto que se menciona frecuentemente, pero que en la práctica no se ve reflejado en las políticas de financiación.
Costos desiguales y el desafío de la eficiencia
Además del olvido de los territorios forales, se presenta otra preocupación significativa relacionada con la gestión tributaria. La ministra mencionó, casi al final de su intervención, un posible aumento en la cesión de competencias a comunidades autónomas con mayor autonomía, como Cataluña. Este tipo de descentralización puede parecer atractiva, pero también oculta costos que deben ser considerados.
La fragmentación de la gestión tributaria puede llevar a un aumento en los costos operativos y a una disminución en la eficiencia. La Agencia Tributaria ha señalado que manejar un sistema fraccionado es un 80% más caro que gestionar un sistema unificado. Esto se traduce en retrasos en la administración de impuestos y en una mayor dificultad para combatir el fraude fiscal, lo que podría perjudicar a los contribuyentes cumplidores.
El dilema de la equidad y la transparencia
El nuevo modelo de financiación también plantea preguntas sobre la equidad y la transparencia. La ministra Montero ha propuesto un mecanismo de solidaridad interterritorial que busca reducir la brecha entre las comunidades mejor y peor financiadas. Sin embargo, este sistema es complejo y puede resultar en una alteración de las expectativas de las comunidades que aportan más al sistema.
Por ejemplo, el compromiso de mantener un “status quo” significa que algunas comunidades no recibirán menos recursos que en el modelo anterior, lo que podría perpetuar desigualdades en lugar de resolverlas. Este enfoque podría ser visto como un intento de apaciguar a ciertas comunidades, pero a expensas de una solución equitativa y sostenible.
El papel del Gobierno y la respuesta de las comunidades
Las comunidades autónomas tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones sobre esta propuesta en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, ya se han escuchado críticas desde varios sectores. Algunos líderes, como el presidente de Castilla-La Mancha, han manifestado que este modelo podría socavar años de esfuerzo hacia una fiscalidad más progresiva.
La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, ha destacado que este nuevo modelo debe ser evaluado con cuidado para evitar que se convierta en un caramelo envenenado para los ciudadanos. Es crucial que cualquier reforma no solo se presente como un cambio positivo, sino que también contemple las implicaciones a largo plazo para la estabilidad y la equidad en el sistema tributario español.