Al iniciar la última semana de mayo, el Ejecutivo afronta la cuenta atrás para la retirada gradual de un paquete de alivios concebido para mitigar los efectos económicos del conflicto en Irán. Por este motivo se ha convocado una reunión de alto nivel entre el Gobierno y los principales agentes sociales, con el objetivo de valorar el impacto de las medidas aplicadas y debatir posibles prórrogas o sustituciones.
La discusión llega en un contexto en el que la inflación muestra señales de moderación, pero diversos factores internacionales —como el bloqueo del estrecho de Ormuz— siguen introduciendo riesgos sobre los precios de la energía y la agroalimentación. En este escenario, la decisión de mantener o retirar apoyos fiscales adquiere carácter estratégico para la política económica y social.
Quiénes participan y qué se va a debatir
La mesa la presidirá Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y contará con buena parte del Gabinete económico: Yolanda Díaz, Sara Aagesen, Arcadi España y Elma Saiz. Por la parte social han sido citados los principales líderes: Antonio Garamendi (CEOE), María Teresa Gómez Condado (Cepyme), Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO). El objetivo es revisar medidas en los ámbitos energético, tributario, laboral y de cotizaciones sociales, así como sus efectos sobre familias y empresas.
Medidas pendientes de retirada
Entre las disposiciones que entran en fase de desactivación figura la recuperación del IVA estándar sobre electricidad y gas natural, que se aplicará a partir del 1 de junio. La decisión se sustenta en la moderación observada en los precios energéticos: una caída interanual del 9,6% en el gas y del 4,3% en la electricidad, que cumple las condiciones establecidas para retirar las rebajas. Además, se revertirá la reducción aplicada al Impuesto Especial sobre la Electricidad, que había pasado temporalmente del 5,11% al 0,5%.
Qué permanece y por qué
Sin embargo, no todas las ayudas caducan. La rebaja fiscal sobre los carburantes continuará al menos un mes más, debido a la evolución al alza de sus precios. Ese paquete incluye tipos reducidos en Hidrocarburos, la reducción al 10% del IVA de gasolinas, gasóleos y biocarburantes —medida que encontró la oposición de la Comisión Europea— y la devolución de 20 céntimos por litro en el gasóleo profesional.
Impacto macroeconómico y recomendaciones externas
La economía española mantiene un ritmo de crecimiento que la Comisión Europea elevó recientemente al 2,4% para este año, mientras el Gobierno calcula que la inflación cerrará en torno al 3,1%, un punto por encima de lo previsto inicialmente. En abril la inflación interanual se situó en el 3,2%, dos décimas por debajo de marzo, en parte por el efecto de las medidas implementadas.
La advertencia del FMI
El Informe Artículo IV del Fondo Monetario Internacional, dirigido por Kristalina Georgieva, recomienda restringir las rebajas fiscales energéticas salvo que aparezca un escenario grave, y en ese caso que sean medidas específicas que no distorsionen los precios. El FMI también insta a aprovechar el crecimiento sólido para acelerar la consolidación fiscal y reconstruir reservas ante el aumento de presiones derivadas del envejecimiento poblacional.
Opciones sobre la mesa y próximas decisiones
Ante la multiplicidad de riesgos, el Gobierno debe decidir si prolonga el paquete —valorado en unos 5.000 millones aprobado el 20 de marzo y ratificado por el Parlamento una semana después— o si opta por apoyos más focalizados, por ejemplo reducciones del IVA en alimentos básicos. Organizaciones y expertos discrepan: patronal y asociaciones empresariales demandan contención de costes para no erosionar márgenes; sindicatos piden cautela y recordaron que las rebajas han ayudado a contener la inflación y que sus efectos pueden ser regresivos.
La reunión de este lunes debe aclarar si se prorrogan medidas concretas, se diseñan ayudas dirigidas a rentas bajas o pymes, o si se prioriza la consolidación fiscal recomendada por organismos internacionales. Con la retirada parcial prevista para finales de junio, los próximos pasos marcarán la hoja de ruta económica inmediata y la protección de hogares y sectores más vulnerables.
