La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) ha encargado un informe jurídico que pone el foco en cómo la normativa vigente sobre ganancias patrimoniales está influyendo en las decisiones empresariales. El documento, elaborado por el catedrático César García Novoa, detecta fallos estructurales que, según sus autores, desincentivan la inversión y las transmisiones dentro de las empresas familiares.
Ganancia patrimonial se entiende aquí como la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión, y el informe analiza no solo ratios y tipos impositivos, sino también solapamientos y reglas prácticas que dificultan relevar negocios entre generaciones.
Los empresarios que respaldan este informe sostienen que una fiscalidad moderada favorece la inversión, el empleo y la actividad económica, mientras que una carga excesiva actúa como freno.
En ese contexto, se recuerda que la presión fiscal en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez creció a un ritmo que el informe cuantifica como el triple que el promedio de la OCDE: 2,3 puntos de PIB entre 2018 y 2026 frente a 0,7% en los países industrializados.
Para la AMEF, el problema no son solo nuevas figuras impositivas, sino también el endurecimiento del tratamiento de figuras preexistentes, entre ellas las ganancias patrimoniales en el IRPF.
Problemas estructurales del régimen vigente
El informe señala que la normativa española produce doble imposición en varios supuestos: el gravamen del IRPF por ganancias patrimoniales se solapa con tributos municipales como el IIVTNU (plusvalía) y con impuestos sobre incrementos patrimoniales a título lucrativo como Sucesiones y Donaciones. Aunque existen exenciones y deducciones parciales, esa confluencia de figuras mantiene cargas redundantes que afectan especialmente a las transmisiones intergeneracionales. Además, la normativa no siempre distingue entre incrementos realmente realizados y aquellos que son meramente contables o producto de factores macroeconómicos.
Inflación y plusvalías ficticias
Otro punto crítico es que el sistema actual no corrige el efecto de la inflación a la hora de computar la ganancia. Por ese motivo pueden surgir plusvalías ficticias: incrementos nominales que no reflejan una ganancia real una vez descontado el IPC. El informe recuerda las sentencias del Tribunal Constitucional, incluida la de mayo de 2017, que establecen que solo es constitucional gravar incrementos de valor «ciertos y reales». Para la AMEF, fijar mecanismos que actualicen el valor amortiguaría distorsiones y evitaría tributar rentas inexistentes.
Propuestas prácticas para una reforma equilibrada
Las recomendaciones incluyen varias medidas concretas. En primer lugar, proponerse la exención de la tributación de las ganancias en las transmisiones gratuitas inter-vivos (donaciones) cuando no existe percepción efectiva de precio, evitando que el donante tribute por una plusvalía no monetizada. En segundo lugar, el informe sugiere gravar las ganancias patrimoniales dentro de las rentas del ahorro con un tipo único del 18% en lugar del sistema de tramos actuales (del 19% al 30%), con el objetivo de reducir lo que consideran un exceso de progresividad sobre plusvalías de más de un año.
Coeficientes de actualización y periodos mínimos
Entre las propuestas técnicas figura la aplicación de coeficientes de actualización que ajusten el valor de adquisición por inflación, y reglas temporales similares a las de otros países: por ejemplo, exenciones parciales si la transmisión de inmuebles se produce tras largos periodos de tenencia, como ocurre en Alemania o Italia. La idea central es que solo deban tributar las ganancias reales, y que las pérdidas puedan computarse cuando existan, evitando asimetrías que actualmente perjudican al contribuyente.
La polémica del impuesto de salida
El estudio dedica un capítulo específico al llamado exit tax o impuesto de salida. Según la regla vigente, quien haya residido en España al menos diez de los últimos quince años y se traslade fiscalmente tendrá que tributar por plusvalías latentes si posee acciones o participaciones por más de 4 millones de euros, o si su participación supera el 25% en una entidad cuyo valor supere 1 millón de euros. El informe critica que la medida presume elusión por el mero ejercicio del derecho a cambiar de residencia y no valora circunstancias del traslado ni la fiscalidad del país receptor.
Por esas razones, la AMEF y el autor del análisis consideran que la exit tax resulta desproporcionada y en ciertas aplicaciones podría vulnerar la libertad de circulación y de establecimiento. Entre las soluciones planteadas se incluye su eliminación o, cuando se mantenga, la introducción de garantías que permitan diferimientos y valoraciones más ajustadas a la realidad económica del contribuyente. En definitiva, el informe reclama una reforma del régimen de ganancias patrimoniales que reduzca cargas injustificadas y favorezca la continuidad y la inversión en la empresa familiar.