En la sesión de control del Senado, María Dolores Etxano (EAJ-PNV) solicitó al ministro Arcadi España que ponga en marcha la normativa necesaria para que las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Diputaciones Forales puedan destinar el superávit de 2026 a inversiones financieramente sostenibles.
En su intervención recordó el contexto creado por el Real Decreto-Ley 15/2026, que resolvió el tratamiento del superávit de 2026 y cuyo preámbulo ya señalaba la conveniencia de adoptar medidas sobre el ejercicio siguiente. Para Etxano, la argumentación de urgencia y necesidad la puso por escrito el propio Ejecutivo; ahora solo hace falta que la aplique.
La senadora subrayó que las administraciones que han mostrado una gestión responsable no pueden seguir a la espera para utilizar sus recursos propios. Hizo hincapié en la importancia de la previsibilidad fiscal y reclamó soluciones estructurales que eviten decisiones año a año según la voluntad política del momento.
Además, enfatizó que el debate no es solo técnico: afecta a la capacidad de las administraciones de mantener servicios públicos y ejecutar proyectos a medio y largo plazo.
El reclamo en el Senado
Durante el turno de control, Etxano planteó que la norma que habilite ese uso del superávit de 2026 debe tramitarse con celeridad para convertir en realidad lo expuesto en el real decreto-ley y evitar desigualdades entre administraciones. Recordó que lo solicitado no es una excepción sin fundamento, sino la extensión de un criterio aplicado el año anterior mediante un instrumento legal concreto: el Real Decreto-Ley 15/2026. También recordó la figura de las inversiones financieramente sostenibles como un mecanismo compatible con la disciplina fiscal si se acompaña de una supervisión adecuada y planes a medio plazo.
Adaptar la normativa al nuevo marco fiscal
Etxano reclamó la trasposición del marco fiscal europeo de 2026, cuya obligación de incorporación a la normativa interna venció en diciembre de 2026. Según su planteamiento, esa directiva introduce varios elementos relevantes: protege la capacidad inversora de las administraciones, habilita una supervisión basada en planes a medio plazo y reconoce que las situaciones fiscales de partida no son homogéneas. Por ello, abogó por dejar atrás la lógica de cómputo anual y adoptar una regla de gasto que valore horizontes plurianuales y ofrezca mayor seguridad jurídica a las administraciones.
¿Qué plantea la transposición?
La propuesta que defendió Etxano pasa por rediseñar la norma interna para incorporar la supervisión a medio plazo y facilitar soluciones estructurales para el uso de remanentes. En su exposición recurrió al concepto de remanentes como ahorro acumulado por las administraciones y defendió que su tratamiento no puede depender de autorizaciones anuales sujetas a cambiantes prioridades políticas. Con la transposición, dijo, se facilitaría una previsibilidad fiscal que ayuda a planificar inversiones sostenibles sin renunciar a la responsabilidad presupuestaria.
Autonomía, LOEPSF y la supervisión de AIREF
Etxano criticó con dureza la aplicación rígida de la LOEPSF de 2012, que, en su opinión, sigue anclada en un dogma de estabilidad que impone una regla de gasto de cómputo anual que no discrimina entre administraciones endeudadas y aquellas saneadas. Señaló que una regla de talla única impide que territorios con situación financiera sólida, como el caso de Euskadi, puedan preservar servicios públicos y, al mismo tiempo, invertir. Para la senadora, esa rigidez coarta la autonomía presupuestaria de quienes han gestionado con responsabilidad y no reconoce fórmulas forales específicas como el Concierto vasco o el Convenio navarro.
Remanentes y tutela administrativa
Finalmente, censuró que la AIREF exija informes previos habilitantes para utilizar esos recursos, una exigencia que ni el marco europeo ni las normas forales contemplan. Etxano defendió que los remanentes son ahorro y que la autonomía financiera de las administraciones públicas no puede quedar sometida a tutelas desproporcionadas. Denunció además una asimetría: se pide ese control adicional a comunidades y entidades locales, pero no se exige de igual modo a la Administración General del Estado, lo que genera un trato desigual difícil de justificar.