La discusión sobre el uso del valor de referencia del Catastro como base para liquidar tributos ha vuelto al primer plano jurídico. Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que validó su utilización como criterio general, corresponde ahora al tribunal supremo precisar qué tipo de evidencia puede aportar un contribuyente que considera que el valor marcado por el Catastro no refleja el valor real de su inmueble.
En la práctica, esa decisión afectará a impuestos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). El interés principal reside en determinar qué documentación convence a la administración o a los tribunales para sustituir el valor catastral por otra valoración más ajustada a la realidad.
Contexto y alcance de la controversia
El Tribunal Constitucional confirmó la validez del valor de referencia como presunción que facilita la gestión tributaria. Sin embargo, el mismo tribunal dejó claro que esa presunción no es absoluta: el contribuyente puede impugnarla si aporta pruebas suficientes. Ante esta declaración, el Tribunal Supremo tendrá que precisar la naturaleza de esa presunción y los límites del derecho de impugnación, es decir, hasta qué punto un particular puede revertir el valor fijado por el Catastro.
¿Por qué importa esta definición?
Porque del alcance probatorio dependerán miles de reclamaciones fiscales. Si los tribunales exigen una prueba muy rigurosa, pocas impugnaciones prosperarán. Si se admite una mayor diversidad de evidencias, aumentará la posibilidad de que el valor de referencia sea sustituido por una tasación más realista, con impacto directo en la cuantía a pagar en ITP, AJD e ISD.
Pruebas que podrían ser admitidas
Aunque el Supremo aún no ha dictado la lista definitiva, los especialistas eluden dudas sobre las alternativas habituales. Entre las pruebas que suelen considerarse válidas aparecen el informe pericial de un arquitecto, la tasación hipotecaria, y actas notariales que documenten deficiencias físicas del inmueble acompañadas de fotografías. Cada una de estas piezas puede acreditar circunstancias concretas que rebajan el valor real: estado de conservación, antigüedad, cargas estructurales o peculiaridades que afectan a la comerciabilidad.
Actas notariales y tasaciones: diferencias prácticas
Un acta notarial con fotografías sirve para dejar constancia inmediata del estado del bien y suele emplearse como indicio de que el inmueble no reúne las condiciones habituales de mercado. En cambio, una tasación hipotecaria o un informe pericial técnico aportan un cálculo cuantificado y, en ocasiones, metodológicamente más sólido para los tribunales. En algunos supuestos, la mera acumulación de varios indicios obligará al juzgador a ordenar una nueva valoración basada en las características reales del inmueble.
Consecuencias prácticas para contribuyentes y administraciones
Para quien pretende reducir la base imponible, el mensaje es claro: la carga de la prueba recae en el contribuyente. Habrá que presentar un método de cálculo alternativo y documentación que lo respalde. Para la administración tributaria, implicará revisar expedientes y, potencialmente, aceptar valoraciones distintas al Catastro cuando la evidencia así lo justifique.
Posibles escenarios judiciales
En muchos casos iniciales, las pruebas aportadas servirán para demostrar que no es procedente aplicar de forma automática el valor de referencia como equivalente al precio de mercado. Si el tribunal considera insuficiente la documentación, puede ordenar una nueva tasación pericial. Si la prueba es convincente, el resultado puede ser la rectificación de la base imponible y la devolución o reducción de liquidaciones.
En definitiva, la sentencia del Supremo tendrá relevancia práctica y doctrinal: fijará criterios sobre qué evidencias bastan para impugnar el valor de referencia, modelando de forma más precisa el equilibrio entre la eficiencia recaudatoria y la protección del contribuyente que acredita una menor valoración del inmueble.
