En Santiago de Compostela se dictó una sentencia que modifica el paisaje de los llamados préstamos rápidos. El Juzgado de Primera Instancia ha declarado la nulidad por usura de treinta y dos contratos suscritos por un consumidor con la marca My Credit, propiedad de Trive Credit Spain S.L.
. La resolución obliga a la entidad a reintegrar 13.086,22 €, importe que incluye el importe pagado en concepto de intereses, comisiones, penalizaciones y otros gastos añadidos. En el fallo se analizan las condiciones económicas y se constata un ciclo de endeudamiento que multiplicó la deuda original mediante sucesivas operaciones y prórrogas.
La magnitud del interés y cómo se detectó el abuso
El tribunal documentó tasas anuales equivalentes hasta el 3.587% de TAE, una cifra que se aleja drásticamente de las referencias oficiales. En la sentencia se compara esa imposición con los datos del Banco de España, que reflejaba en 2026 una media del 18% en tarjetas revolving y alrededor del 3,7% en préstamos al consumo a corto plazo.
El consumidor afectado contrató cantidades entre 500 € y 2.500 € en operaciones encadenadas; esa secuencia provocó que intereses, comisiones y ampliaciones de plazo dispararan el coste total hasta niveles que el tribunal considera incapaces de justificar un supuesto mayor riesgo.
Responsables del litigio y fundamentos legales
El procedimiento fue promovido por Oulego Abogados y Consultores, despacho especializado en derecho bancario que defendió la nulidad aplicando la Ley de Represión de la Usura de 1908. Para el letrado que llevó el caso, José Ramón Oulego, la sentencia subraya que la rapidez de contratación no legitima tasas desproporcionadas ni prácticas que amplifiquen la deuda mediante cargos sucesivos. El fallo recalca que la transparencia formal de un contrato no exime del análisis de excesividad cuando las cifras resultan manifiestamente abusivas frente a los parámetros económicos vigentes.
Contexto internacional y vínculos societarios
La compañía condenada aparece relacionada con el empresario turco Kasim Garipoglu en registros mercantiles: tras ser socio único, la propiedad cambió a favor de Kredit Investment Group B.V.. Además, la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido publicó el 13 de marzo de 2026 sanciones contra Garipoglu por deficiencias en controles y prevención de blanqueo de capitales y por incumplimientos regulatorios graves. Estos antecedentes internacionales refuerzan el interés público sobre la conducta empresarial y la supervisión de operaciones transfronterizas en el sector del crédito digital.
Qué conceptos jurídicos son clave
La sentencia se apoya en nociones técnicas como la TAE (tasa anual equivalente) para medir el coste real del crédito y en la doctrina de la usura para determinar cuándo un interés deviene ilícito. El tribunal también examina la práctica de conceder prórrogas y cobrar comisiones por impago, que en conjunto crearon un efecto acumulativo que incrementó la deuda de forma sostenida. En consecuencia, se declaró la nulidad de los intereses y la obligación de restituir todas las cantidades abonadas por encima del capital inicial.
Implicaciones para clientes y posibles recursos
El fallo abre la posibilidad de que miles de usuarios con productos similares reclamen la devolución de cantidades abonadas indebidamente en contratos de microcréditos. No obstante, la sentencia no es firme: My Credit tiene la facultad de interponer recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña, lo que puede prolongar el procedimiento. Mientras tanto, la resolución constituye un precedente práctico que abogados y asociaciones de consumidores pueden utilizar para fundamentar nuevas demandas contra prácticas crediticias que sobrepasen límites tolerables.
Recomendaciones para afectados
Quienes hayan contratado microcréditos con condiciones similares deberían recopilar contratos, recibos y justificantes de pagos y consultar a especialistas en derecho bancario. La acción judicial típica busca la declaración de nulidad por usura y la devolución de importes pagados en exceso, incluidos intereses, comisiones y gastos. El caso de Santiago sirve como ejemplo de que es posible cuestionar legalmente modelos de negocio basados en tasas extremadamente elevadas y en la concesión sucesiva de pequeños préstamos sin verificar adecuadamente la capacidad de reembolso del cliente.