El Consejo de Ministros aprobó el 17 de febrero la revalorización del salario mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, que queda fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. El incremento, del 3,1% respecto a 2026, supone una subida de 37 euros al mes y una variación anual de 518 euros, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Para evitar que quienes cobran el SMI tengan que pagar IRPF, el Ejecutivo ha aprobado una deducción específica que protege a los perceptores.
Quiénes resultan beneficiados y cómo se distribuye el impacto
Según estimaciones basadas en la Encuesta de Población Activa (EPA) 2026, alrededor de 2,5 millones de trabajadores se verán favorecidos por la subida.
De ellos, el 65,8% son mujeres (unos 1,62 millones), lo que evidencia un sesgo de género importante. Además, la incidencia es mayor entre los jóvenes: la proporción de trabajadores jóvenes que perciben el SMI duplica o triplica la de los mayores de 45 años, reflejando la precariedad relativa en cohortes más jóvenes.
El ajuste influye especialmente en colectivos sin convenio o con retribuciones próximas al umbral mínimo.
Sectores y comunidades más afectados
Por actividades, la subida alcanza con mayor intensidad la agricultura y los servicios. Los porcentajes estimados indican que el 27,9% de trabajadores agrarios y el 14,4% del sector servicios verán el SMI como referencia salarial. Industria y construcción registran impactos menores, en torno al 5%. A nivel territorial, Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña concentran el mayor número de beneficiarios, por la densidad de empleo en sectores con salarios bajos.
Cuantías, condiciones laborales y efectos fiscales
La nueva cuantía de 1.221 euros mensuales equivale a 17.094 euros brutos anuales. Para empleadas del hogar que trabajen por horas, el mínimo hora será de 9,55 euros, y para contratos eventuales o temporales de duración inferior a 120 días la referencia diaria queda en 57,82 euros. El Gobierno ha aprobado una deducción fiscal de hasta 591 euros dirigida a quienes perciben el SMI, con el objetivo explícito de mantener su exención en el IRPF. Además, existe un mecanismo de transición decreciente para rentas entre 17.094 euros y 20.000 euros, que reduce la deducción conforme aumenta la retribución.
Evolución histórica y comparativa
Desde 2018 el SMI ha crecido de forma sostenida, acumulando un aumento del 66% en términos mensuales desde entonces. El proceso de revalorizaciones prolongadas busca acercar el salario mínimo a recomendaciones europeas y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. En 2026 la subida del 3,1% sigue la línea de incrementos progresivos adoptada en años previos y responde a criterios técnicos y negociadores.
Negociación, tensiones y medidas complementarias
El acuerdo final fue suscrito por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO; en cambio, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no secundaron el pacto. La patronal reprocha el cálculo del incremento y ha mostrado su rechazo a la prohibición de que las empresas compensen la subida reduciendo complementos. El Gobierno plantea, además, un incentivo fiscal dirigido a empresas que aumenten plantilla en 2026, pero la patronal ha calificado la propuesta de insuficiente y la ha rechazado públicamente.
Regulación sobre complementos y futuros litigios
Como parte del acuerdo con los sindicatos, el Ejecutivo prevé desarrollar una regulación, mediante la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, que impida mecanismos de absorción y compensación mediante pluses o complementos. Esta limitación pretende garantizar que el aumento del salario base no se neutralice con otras deducciones salariales. La CEOE ha anunciado su intención de recurrir ante los tribunales al considerar que estos cambios exceden competencias o invaden aspectos de la negociación colectiva.
221 euros en 14 pagas y la deducción para evitar la tributación en IRPF buscan proteger a los trabajadores con menores ingresos y reforzar el salario base frente a la absorción por complementos. Quedan abiertas las negociaciones sobre la implementación normativa y la respuesta de la patronal, por lo que la aplicación práctica de algunas medidas podría verse matizada por recursos o ajustes normativos próximos.