En la Conferencia Sectorial celebrada en Santander, Cantabria volvió a insistir en la necesidad de acompañar la intención de reducir las ratios «con recursos y planificación». El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, expuso la posición de la comunidad en un encuentro presidido por la ministra Milagros Tolón, y reclamó la creación de un grupo de trabajo que discuta plazos, costes y modelos de implantación.
La sesión incluyó un minuto de silencio, a petición de Cantabria, por el fallecimiento de seis estudiantes en el suceso de El Bocal, un hecho que marcó la apertura del debate en la agenda del 06.03.2026.
La intervención de Silva combinó respaldo a una bajada de ratio con críticas al proceso legislativo vigente: propone que la reducción sea progresiva y planificada, y que su implementación cuente con negociación previa entre el Estado y las comunidades autónomas.
Cantabria recordó que ya ejecuta medidas propias —como la reducción a veinte alumnos por aula en 2.º y 3.º de Primaria— y que lleva dos años buscando acuerdos con sindicatos para extender la medida a toda la enseñanza primaria y secundaria.
Por qué Cantabria pide un grupo de trabajo
La petición oficial se apoya en la idea de que una política educativa de alcance nacional debe construirse desde el diálogo y la cooperación territorial. Silva defendió que el anteproyecto de Ley de la Docencia llegó sin el consenso necesario y que su calendario de aplicación resulta alejado de la realidad de los centros. Desde Cantabria señalan que distintas realidades demográficas, organizativas y financieras entre las comunidades hacen imprescindible una mesa común donde evaluar costes, impacto pedagógico y fases de despliegue.
Argumentos técnicos y prácticos
Entre los argumentos presentados por Cantabria figuran la necesidad de garantizar financiación suficiente para contratación, infraestructuras y recursos materiales; la adaptación de horarios del profesorado; y la evaluación de condiciones en centros urbanos y rurales. Silva subrayó que la comunidad aplicó ya la reducción en cursos concretos y que esa experiencia debe servir como base para construir criterios comunes, evitando así soluciones uniformes que no respeten la diversidad territorial.
Críticas al proceso actual y petición de retirada temporal
Cantabria, junto a la mayoría de las comunidades autónomas, pidió la retirada temporal del anteproyecto hasta constituir el grupo de trabajo solicitado. La postura se fundamenta en la denuncia de una política educativa gestionada de forma «unidireccional», sin suficientes espacios de acuerdo y con una percepción de falta de lealtad institucional. Además, la Comisión General de Educación ya evidenció la ausencia de apoyos suficientes entre las administraciones autonómicas para aprobar la norma tal y como está planteada.
Consecuencias de implantar la ley sin consenso
Según Cantabria, avanzar con el anteproyecto sin negociar podría provocar desajustes financieros y operativos en los centros, problemas para formalizar plantillas y tensiones con sindicatos y gobiernos regionales. Por ello reclamaron a la titular de Educación la apertura de «una nueva etapa marcada por el diálogo», en la que se acuerde tanto la financiación necesaria como un calendario realista que respete las competencias autonómicas.
Propuestas concretas y hoja de ruta
La comunidad plantea que el grupo de trabajo analice varios puntos clave: estimación de costes por reducción de ratio, modelos de horario docente, criterios de distribución de recursos entre territorios y un cronograma de implantación escalonado. Además, apuestan por que las mesas incluyan a sindicatos, direcciones de centros y representantes autonómicos para garantizar que las medidas respondan a necesidades reales y cuenten con respaldo social.
Elementos que debería abordar el grupo
Entre los elementos prioritarios se mencionan estudios de impacto económico, fases piloto en diferentes entornos, mecanismos de financiación estatal y autonómica y fórmulas de evaluación contínua. Cantabria insiste en que una reducción de ratio sin estos instrumentos sería una medida incompleta; por eso pide que la aplicación vaya acompañada de objetivos claros y recursos vinculados.
La petición de Cantabria combina la defensa de una medida pedagógica considerada positiva con la exigencia de garantías administrativas y económicas. Al reclamar la retirada temporal del anteproyecto y la constitución de un grupo de trabajo, la comunidad busca convertir una intención legislativa en una política pública viable, respetuosa con la diversidad territorial y sustentada en diálogo entre todas las administraciones implicadas.