En un pulso político que llegó a su punto álgido el 27 de abril de 2026, el grupo independentista Junts ha reiterado que no respaldará la convalidación del real decreto que amplía dos años la duración de los contratos de alquiler y fija en el 2% la actualización de la renta.
A pesar de que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguró públicamente que ve «posible» y «viable» alcanzar un acuerdo, las fuentes del partido de Carles Puigdemont han sido tajantes: «No lo votaremos». Este choque se produce con la votación del decreto prevista para el martes siguiente, en un contexto en el que las mayorías parlamentarias pueden cambiar el resultado decisivo.
La oferta que ha puesto sobre la mesa Sumar no es un paquete cerrado sino una apelación a incorporar dos medidas que reclama Junts: aplicar bonificaciones a los propietarios afectados por la prórroga y tramitar el IVA franquiciado para los autónomos.
En los discursos oficiales, tanto Bustinduy como otros portavoces de la coalición dieron por hecho que esas concesiones deberían facilitar un giro de voto, pero desde Junts apuntan que el Gobierno conoce ya sus posiciones y que no hay negociación en marcha. La tensión entre gesto y rechazo marca la negociación final en el hemiciclo.
Qué proponen Sumar y por qué lo consideran determinante
Sumar ha identificado dos puntos que considera claves: las bonificaciones y el IVA franquiciado. La primera, según los defensores de la idea, consiste en compensar a los arrendadores que vean afectada su renta por la prórroga; la segunda, descrita por los portavoces como una rebaja del IVA dirigida a pequeños autónomos, permitiría alivios fiscales a quienes facturan por debajo de un umbral específico. Para Sumar, aceptar estas medidas no solo sería una cesión táctica sino un gesto para evitar que el decreto caiga y deje sin protección a miles de inquilinos. Internamente reconocen que no es su modelo ideal, pero lo presentan como una solución pragmática en una situación excepcional.
Las demandas de Junts
Junts ha puesto sobre la mesa una serie de condiciones y, según sus portavoces, ya no se trata de pedir sino de dejar claro que no respaldarán un texto que no contemple sus prioridades. Entre esas prioridades figuran garantías para propietarios y medidas fiscales que mitiguen el impacto de la prórroga. No obstante, las fuentes del grupo han subrayado que su posición no es fruto de una negociación abierta: «El Gobierno sabe lo que planteamos. No tenemos que negociar nada ni estamos negociando nada», declararon, dejando la puerta cerrada a cambios de última hora a menos que se materialicen compromisos firmes.
Qué implica el IVA franquiciado
El término IVA franquiciado se utiliza para definir una excepción o reducción de tipo aplicable a autónomos por debajo de ciertos umbrales de facturación, y su inclusión en la agenda responde a trabajos previos de transposición normativa. Los defensores ven en esta medida una vía técnica y relativamente sencilla de aplicar que podría acelerar un acuerdo, mientras que los críticos recuerdan que supone un coste fiscal y una discusión adicional sobre quién se beneficia exactamente. Bustinduy y otros miembros de Sumar han reiterado que es una propuesta viable y en consonancia con directivas comunitarias.
Balance parlamentario y presión ciudadana
La dinámica en el Congreso añade presión sobre Junts: cuando ese grupo decide alinearse con la derecha —Partido Popular, Vox y UPN— se forma una mayoría que tumbaría el decreto. Por eso, desde el Gobierno y sus socios minoritarios se insiste en agotar las opciones para revertir la posición de los independentistas. A la presión política se suma la social: encuestas citadas por los defensores de la prórroga apuntan a un amplio apoyo ciudadano a la medida, lo que según el ministro Bustinduy y sus aliados debería pesar en la decisión de los partidos. El resultado de la votación puede tener impacto electoral y social en los próximos meses.
Encuestas y clima social
Los estudios mencionados por el Ejecutivo evidencian una preocupación generalizada por los precios del alquiler y un respaldo mayoritario a medidas que otorguen estabilidad a los inquilinos. Ese argumento se utiliza como coartada política para pedir «generosidad» de todas las fuerzas: Sumar ha hecho un llamamiento expreso al PSOE para aceptar las matizaciones exigidas por Junts y así evitar que la convalidación fracase. En paralelo, las organizaciones de consumidores y plataformas de inquilinos resaltan que miles de familias buscan protecciones inmediatas, lo que añade urgencia al debate.
Escenarios posibles y consecuencias
Si Junts mantiene su rechazo y no cambia su posición de voto, la convalidación quedará en manos de las bancadas que voten en el pleno. Un triunfo del Gobierno requeriría que Sumar consiguiera suficientes apoyos o que Junts optara por la abstención, algo que los propios independentistas no han confirmado. En el terreno práctico, aprobar la prórroga implicaría la entrada en vigor de la extensión por dos años y el límite del 2% en la actualización de rentas; su caída dejaría sin efecto inmediato esas protecciones y abriría un nuevo ciclo de controversia política y social. La jornada de votación se presenta, por tanto, como una prueba de fuerza y de cálculo estratégico para todos los implicados.