La reciente movilización del sector agrario ha puesto de manifiesto una realidad que muchos agricultores y ganaderos vienen señalando desde hace años: la rentabilidad de las explotaciones está en retroceso por una combinación de factores que incrementan los costes y reducen los márgenes.
La protesta, que reunió a miles de personas y cientos de vehículos agrícolas, fue una reivindicación contra la pérdida de competitividad frente a países vecinos y terceros países que ofertan productos a menor coste.
Entre las quejas más recurrentes figuran las subidas del salario mínimo, el aumento de las cotizaciones sociales y el encarecimiento de insumos básicos como fertilizantes, semillas y piensos.
El conjunto de estas variables está provocando que muchas explotaciones trabajen con márgenes muy estrechos o incluso sin beneficio real, lo que condiciona decisiones como el abandono de hectáreas o el traslado de parte de la producción a países con costes laborales más bajos.
Cargas laborales y competitividad
El incremento del salario mínimo interprofesional y las crecientes cotizaciones han encarecido la contratación de mano de obra. Para el campo, donde la mano de obra puede suponer un porcentaje elevado del coste de producción, esas alzas tienen un impacto directo y tangible en los costes unitarios. Los representantes del sector señalan que, una vez aplicadas las subidas salariales y el coste total de contratación, la diferencia frente a competidores en países del sur y del este puede ser abultada, dificultando la comercialización contra ofertas más económicas.
Efecto sobre el empleo y la contratación
La presión de los costes laborales se traduce en una menor capacidad para contratar temporeros y en una reducción de jornadas. Ante el dilema de asumir costes fijos más altos, muchos titulares de explotaciones optan por mecanizar más tareas, externalizar procesos o recortar plantilla, lo que crea una dinámica que, a su vez, penaliza la actividad y el relevo generacional.
Insumos, mercado global y acuerdos comerciales
Además de los costes laborales, existe un componente de precio de los insumos que sigue por encima de niveles considerados normales antes de las fluctuaciones internacionales que dispararon los costes. Fertilizantes y piensos, aunque han moderado su escalada respecto a picos anteriores, continúan elevando la factura de explotación. A esto se suma la preocupación por acuerdos comerciales como el pacto de la Unión Europea con bloques o países terceros, que, según los productores, puede inundar el mercado con productos a precios difíciles de igualar.
La ley de la cadena alimentaria y el precio en origen
La normativa sobre la cadena alimentaria pretende evitar la transferencia de valor hacia los eslabones posteriores, obligando a que cada operador pague al anterior al menos los costes efectivos de producción. Sin embargo, en la práctica numerosos productores denuncian que los precios en origen no reflejan esos costes y que márgenes de distribución y procesamiento dejan al agricultor con beneficios marginales o nulos, lo que alimenta el descontento y la protesta social.
Relevo generacional y despoblación rural
La falta de rentabilidad tiene efectos estructurales: dificulta el acceso de jóvenes al sector y acelera el envejecimiento de la titularidad de las explotaciones. Los datos censales señalan una concentración elevada de propietarios mayores y una baja presencia de nuevos agricultores, lo que, junto a la pérdida de hectáreas cultivadas en regiones clave, alimenta la despoblación rural y pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo del modelo agrario.
Programas públicos orientados al relevo y a la modernización no están alcanzando la magnitud necesaria para contrarrestar esta tendencia. La burocracia asociada a fondos europeos, las exigencias ambientales y la falta de servicios e infraestructuras en zonas rurales complican aún más la viabilidad de iniciar o mantener explotaciones.
Respuestas políticas y medidas solicitadas
Ante la situación, las organizaciones agrarias han reclamado medidas compensatorias: bonificaciones en las cotizaciones sociales, ajustes en módulos fiscales, mayor flexibilidad en la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) y protocolos más ágiles para contingentes de temporeros. Desde el Gobierno, se han anunciado revisiones puntuales y la voluntad de dialogar, pero los representantes del sector consideran insuficientes las respuestas si no se abordan las causas estructurales del encarecimiento y la pérdida de competitividad.
La movilización también buscó implicar a la sociedad urbana, recordando que una agricultura débil afecta al suministro, a los precios al consumo y a la soberanía alimentaria. Para muchos manifestantes, es necesario que la cuestión del campo deje de ser tratada como un problema sectorial y pase a ser un asunto de Estado con políticas coherentes a medio y largo plazo.
Sin respuestas integrales, la tendencia a la pérdida de hectáreas productivas y a la reducción de actividades agrarias podría acentuarse, con efectos económicos y sociales en amplias zonas rurales.