La Casa Blanca ha respondido al revés judicial con una medida inmediata: la implementación de un gravamen global utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Tras la anulación de amplios aranceles por parte del Tribunal Supremo, el Gobierno anunció primero un arancel del 10% y, según declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, esa tasa se elevará al 15%, el máximo permitido por esa sección.
Esta decisión pretende ser una solución provisional. La Sección 122 autoriza la imposición de aranceles por un periodo limitado de 150 días, tiempo durante el cual la Administración explorará rutas jurídicas y técnicas alternativas para reinstaurar medidas arancelarias con mayor solidez legal.
Por qué se recurre a la sección 122
El motivo de recurrir a la Sección 122 es su capacidad para aplicar un gravamen rápido sin la necesidad de procesos largos en el Congreso. Aunque permite rapidez, también impone límites claros: la duración máxima es de 150 días y la tasa no puede superar el 15%.
La Casa Blanca ha aprovechado esta vía tras el fallo que afectó a los aranceles impuestos bajo la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional), los cuales fueron en gran medida anulados por el Tribunal Supremo.
El empleo de la Sección 122 permite a la administración ganar tiempo mientras estudia opciones más robustas y con mayor resistencia frente a desafíos legales, como las Secciones 301 y 232, que requieren investigaciones más prolongadas pero ofrecen fundamentos jurídicos más sólidos para gravámenes sectoriales o por prácticas comerciales.
Reacciones del mercado y del sector financiero
Los movimientos de los mercados tras el anuncio han sido contenidos. Los analistas señalan que una parte del impacto ya estaba incorporada en los precios, pero persiste la incertidumbre sobre la posible devolución de aranceles cobrados antes de la sentencia. Instituciones de inversión y calificadoras han advertido sobre la complejidad administrativa y el coste potencial si se ordenan reembolsos, cifra que algunos estiman en cientos de miles de millones de dólares si prosperan reclamaciones masivas.
Impacto inmediato en activos
De forma práctica, se observó una moderada volatilidad: subidas en acciones, encarecimiento del oro y oscilaciones en bonos y divisas. Muchos gestores esperan que, si la Administración consigue reimplantar aranceles por vías alternativas, el efecto sobre la inflación y los costes empresariales se mantenga en el medio plazo, aunque con una posible mejora en los márgenes si las empresas ajustan precios ya aplicados.
Preocupaciones sobre gobernanza y litigios
Las agencias de calificación y analistas han subrayado que el fallo del Tribunal Supremo pone foco en los controles y equilibrios del sistema, pero no impide por completo la política arancelaria. La perspectiva de años de litigio ha sido mencionada por la propia administración como un riesgo, lo que anticipa un periodo de incertidumbre jurídica y procedimientos en tribunales inferiores para dirimir devoluciones y legalidad de cobros previos.
Alternativas legales que evalúa la administración
Durante los 150 días de vigencia de la Sección 122, el Ejecutivo analizará vías como la Sección 301 (prácticas comerciales desleales), la Sección 232 (seguridad nacional) y la Sección 338 (discriminación contra exportaciones estadounidenses). Cada una tiene requisitos distintos: las Secciones 301 y 232 exigen investigaciones que tardan meses en completarse, mientras que la Sección 338 permitiría tasas elevadas si se demuestra discriminación específica.
Los responsables económicos han reconocido que estas alternativas son «más lentas, pero más robustas». Esa robustez jurídica se considera necesaria para sostener aranceles frente a impugnaciones y para evitar que decisiones futuras del Poder Judicial frustren medidas de política comercial.
Horizonte político
El recurso a la Sección 122 también tiene una lectura política: ofrece a la Administración una respuesta visible y rápida ante la opinión pública y actores económicos, al tiempo que permite ganar espacio para diseñar medidas que puedan sobrevivir a retos judiciales y, potencialmente, ajustarse a prioridades internas como la lucha contra la inflación o la protección de industrias estratégicas.
Conclusión
En síntesis, la imposición —y posible elevación— del arancel global al 15% mediante la Sección 122 es una medida temporal que busca rellenar el vacío dejado por la anulación de aranceles bajo la IEEPA. Durante los próximos 150 días se definirá si Washington logra transformar esa solución de emergencia en políticas más sólidas y duraderas, o si el contencioso judicial y las complicaciones administrativas limitarán su alcance.