El pasado 22 de septiembre la Oficina de Ética del Gobierno publicó el reporte periódico que detalla las operaciones con activos criptográficos realizadas por el presidente Donald Trump. Entre los movimientos más llamativos aparecen compras de acciones de Strategy y Coinbase durante el mes de julio, fechas que coinciden con el inicio de una serie de debates sobre la regulación de los activos digitales en la esfera pública.
Compras de Trump en empresas vinculadas al bitcoin
Según el informe, Trump adquirió acciones clase A de Strategy en dos operaciones: una el 24 de julio, con un valor entre 1.001 y 15.000 dólares, y otra el 27 de julio, cuyo rango oscila entre 50.001 y 100.000 dólares. Al mismo tiempo, el 24 de julio se registró una compra de Coinbase dentro del mismo intervalo económico. En contraste, el 8 de julio Trump vendió acciones de Strategy por un monto similar al de la primera compra, y el 29 de julio liquidó participaciones en CleanSpark y MARA Holdings, cada una entre 15.001 y 50.000 dólares.
Perfil de las compañías involucradas
Strategy mantiene la mayor parte de su tesoro en Bitcoin reportando 846.000 BTC al cierre de junio de 2026, lo que la convierte en una exposición indirecta considerable al mercado cripto. Por su parte, Coinbase opera la principal plataforma de comercio de criptomonedas en Estados Unidos, cotizando bajo el ticker COIN en Nasdaq. Las ventas de CleanSpark y MARA Holdings también guardan estrecha relación con la minería de bitcoin, ya que ambas empresas reportaron holdings de miles de BTC a finales de junio.
La iniciativa legislativa Stop TRUMP Crypto Act
El 21 de mayo de 2025 la congresista demócrata Maxine Waters presentó en la Cámara el proyecto Stop Trading, Retention, and Unfair Market Payoffs in Crypto Act of 2025 conocido como Stop TRUMP Crypto Act. Esta normativa, identificada como H.R.3573, pretende prohibir a quienes ocupan los cargos más altos del Gobierno federal –presidente, vicepresidente y miembros del Congreso– y a sus familiares directos, cualquier forma de participación en activos digitales. Entre las restricciones destacan la prohibición de poseer cuotas de control, ejercer cargos directivos en emisores de cripto, promocionar tokens a cambio de compensación y operar con información privilegiada.
Medidas contra el uso indirecto
El texto legisla contra el uso de trusts sociedades pantalla o cualquier estructura que oculte la titularidad real de criptoactivos. Asimismo, impone sanciones penales que pueden incluir multas y penas de cárcel, aunque el proyecto no precisa montos ni duración exacta de las condenas. La intención es cerrar brechas que permitieran a funcionarios eludir restricciones mediante intermediarios.
Oro venezolano y la sombra del pasado de Trump
Paralelamente a la polémica cripto, un acuerdo fomentado durante la administración Trump permitió la importación a Estados Unidos de cientos de millones de dólares en oro venezolano. La operación, gestionada por la compañía de materias primas Trafigura en alianza con la estatal Minerven, entregó su primer cargamento de 100 millones de dólares en marzo, incluso llevando diez lingotes a la Casa Blanca. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que parte del metal proviene de mineros vinculados a la banda criminal «Tren de Guayana», que exige el 20 % de la extracción como “soborno”.
Reacciones y controversias
Trafigura afirma que sus auditorías no han encontrado evidencia de violaciones de derechos humanos o financiación de actividades ilícitas. La Casa Blanca, por su parte, sostiene que la iniciativa ayuda a «limpiar» la industria minera venezolana al involucrar a empresas occidentales. No obstante, la renuencia de los refinadores a procesar el oro importado sugiere que persisten dudas sobre la procedencia y los posibles vínculos con la corrupción y el crimen organizado.
En conjunto, los tres hilos –las operaciones de Trump en el mercado cripto, la propuesta de Waters para limitar a los funcionarios con criptoactivos y el polémico flujo de oro venezolano bajo el sello de la era Trump– revelan un panorama donde la intersección entre finanzas internacionales y política estadounidense se vuelve cada vez más escrutinada.
