La Universidade da Coruña informó que activó en 2026 un plan de reequilibrio tras detectarse un remanente de tesorería no afectado negativo y la Xunta de Galicia reaccionó cuestionando la gestión y aplicando sanciones administrativas en La Coruña. Última actualización: 3 agosto 2026.
El choque entre ambas administraciones condicionó la tramitación del balance y el acceso a incentivos autonómicos, y obligó al equipo rectoral a imponer recortes y medidas de ajuste. La disputa puso en primer plano la relación entre la gestión universitaria y los parámetros del sistema de financiación autonómica.
Origen del conflicto: remanente, plazos y parámetros de financiación
La controversia surgió tras la presentación con retraso de las cuentas del ejercicio 2026, ya auditadas, que evidenciaron un desequilibrio presupuestario acumulado. La UDC cuantificó un remanente negativo en torno a 19 millones de euros y señaló la existencia de un déficit identificado en diversos análisis en torno a trece millones de euros, además de una infrafinanciación estructural que, según el rectorado, arrastró ejercicios anteriores.
La Xunta expresó que la demora en la entrega de información complicó la transparencia financiera y subrayó que el cumplimiento de parámetros —como obtener un resultado presupuestario positivo— condiciona la asignación de fondos y la percepción de incentivos. Ese mecanismo autonómico determinó la pérdida de incentivos económicos para la UDC y agravó el impacto del desequilibrio en la viabilidad operativa.
Medidas internas adoptadas por la UDC y cambios en la dirección
Ante el déficit, el rector Ricardo Cao activó un plan de ajustes que incluyó una reducción aproximada del 30% en gastos corrientes y la valoración de activos inmobiliarios para obtener liquidez. El plan declaró un ahorro acumulado de dos millones de euros hasta la fecha y contempló medidas de contención del gasto que afectan partidas de mantenimiento y funcionamiento.
El equipo rectoral nombró a Mara Hernández García como nueva gerente y renovó cuatro vicerrectorados, movimientos que el rector vio como parte de la reestructuración administrativa. El Consello Social decidió suspender la tramitación del balance contable ante la incertidumbre sobre las cifras heredadas y su impacto en la estabilidad económica de la institución.
Actuaciones sobre patrimonio y límites de la solución inmobiliaria
Entre las opciones para equilibrar las cuentas la UDC contempló la venta de bienes inmuebles no utilizados, entre ellos el edificio de la antigua Escuela Politécnica Universitaria de Serantes, valorado en 7,5 millones de euros. La universidad convocó dos subastas públicas que no encontraron comprador, por lo que la enajenación no aportó la solución esperada.
El rectorado advirtió que la venta de patrimonio constituye una medida puntual y no repetible año tras año y señaló que los fondos captados por proyectos estatales o internacionales son finalistas y, por tanto, no transferibles a gastos corrientes como nóminas o mantenimiento. La institución defendió que no solicita un rescate, sino una mejora de la financiación estructural para cubrir coste fijo de personal e infraestructuras.
Respuesta de la Xunta y consecuencias administrativas
La Xunta, por medio del conselleiro de Educación Román Rodríguez, criticó la gestión económica del equipo rectoral y exigió transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos. El gobierno autonómico impuso multas por lo que calificó de opacidad financiera y ordenó la paralización temporal de determinados trámites contables mientras se clarificaban las cifras.
Se constituyó un grupo de trabajo para elaborar el plan de financiación 2028-2032 y se confirmó la prórroga del plan vigente hasta 2027, lo que dejó a la UDC a la espera de una posible mejora estructural. La Xunta advirtió que la evolución del caso determinará la aplicación de incentivos o sanciones en el marco del plan de financiación universitaria.
Impacto operativo y reacciones internas
La distribución de la aportación autonómica de 2026, cifrada en 118 millones de euros, mostró que 116 millones se destinaron a nóminas, dejando apenas dos millones para mantenimiento y gastos corrientes, según explicó el rectorado. Esa composición presupuestaria limitó las opciones de maniobra para cubrir un remanente negativo acumulado.
El equipo rectoral comunicó que heredó un agujero financiero estimado en un rango entre tres y trece millones de euros, información que condicionó las decisiones sobre ajustes. La comunidad universitaria de La Coruña siguió pendiente de la articulación de convenios con la Xunta y de la evolución del balance, cuya tramitación permanece en pausa administrativa por la actuación del Consello Social y la intervención autonómica en la verificación de cuentas.
En el contexto nacional, otras universidades que enfrentaron resultados negativos en 2026 aplicaron planes de ajuste similares, pero la UDC subrayó la necesidad de una revisión estructural del sistema de financiación para evitar que fondos finalistas cubran gastos básicos. La institución afirmó que actuó con transparencia y rigor al presentar el diagnóstico técnico y las medidas de ajuste, y mantuvo un diálogo con la Xunta para acordar un plan de equilibrio a tres años.
Las negociaciones entre la UDC y la Xunta continuaron en los días posteriores a la detección del remanente negativo, con la situación en evolución y la posibilidad de nuevas actuaciones administrativas dependiendo de los resultados de la revisión contable y de la definición del plan de financiación autonómica. Última actualización: 3 agosto 2026.
