En un momento marcado por la incertidumbre geopolítica y energética, la energía fotovoltaica ha emergido como una pieza central para la estrategia económica y ambiental de España. La industria no solo produce electricidad, sino que también genera valor industrial, exportaciones y oportunidades en zonas rurales; todo ello respaldado por inversiones en investigación y desarrollo y por un amplio apoyo social.
Según la patronal mayoritaria del sector, España ha alcanzado el hito de 50 GW de potencia fotovoltaica instalada, cubriendo ya el 22% de la demanda energética nacional. Estos datos subrayan la creciente relevancia de la fotovoltaica como herramienta para reducir costes y reforzar la soberanía energética del país.
Impacto económico y capacidad industrial
La contribución de la industria fotovoltaica al PIB español supera los 15.000 millones de euros, una cifra que multiplica por cinco lo registrado hace una década. Esta evolución refleja tanto el crecimiento de la capacidad instalada como el desarrollo de una cadena de valor nacional capaz de competir internacionalmente.
Exportaciones y balanza comercial
En España exportó 3.421 millones de euros en productos y servicios fotovoltaicos, superando en 1.384 millones las importaciones del sector. Este saldo convierte a la fotovoltaica en una de las pocas industrias energéticas con carácter exportador neto, aliviando presión sobre la balanza comercial.
Industrialización y contenido nacional
Hasta el 65% del coste de componentes de una planta puede provenir de tecnología española, apoyado por empresas líderes en inversores, seguidores solares, estructuras de soporte y electrónica de potencia. Además, el sector invierte más de 500 millones de euros al año en I+D, más del doble de la media empresarial española, impulsando mejoras tecnológicas y eficiencia.
Ahorro, soberanía y beneficios para las cuentas públicas
La expansión de la fotovoltaica reduce la necesidad de importar combustibles fósiles y disminuye la compra de derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos, generando ahorros tanto para consumidores como para el sistema eléctrico. El precio mayorista de la electricidad, situado en 65,29 €/MWh, figura entre los más bajos de las grandes economías europeas, un rasgo en el que la fotovoltaica tiene un papel decisivo.
Ingresos locales y regeneración rural
Los proyectos solares aportan ingresos directos a los municipios: los campos fotovoltaicos generan más de 270 millones de euros al año en ingresos locales. Un ayuntamiento que aloja una planta percibe alrededor de 10.000 euros por MW al año durante los 30 años de vida útil estimada de la instalación, consolidando una fuente estable de financiación para servicios públicos.
Fijación de población y actividad económica
El empleo vinculado al sector supera las 146.000 familias, con impacto muy relevante en el mundo rural. Estudios académicos muestran que los municipios con campos solares aumentan su población entre un 3% y un 8%, y las arcas municipales incrementan sus ingresos entre un 9% y un 13,5%, lo que posibilita mayor gasto en servicios básicos.
Medio ambiente, biodiversidad y consenso social
La fotovoltaica aporta una reducción de emisiones significativa: evita la emisión de más de 18 millones de toneladas de CO2 al año, equivalente a retirar casi nueve millones de coches de la circulación. Este efecto climático se complementa con beneficios locales para la biodiversidad y una aceptación social mayoritaria.
Refugio para la fauna y prácticas compatibles
Los campos solares se están convirtiendo en refugios para la biodiversidad: la ausencia de herbicidas, la limitación de la caza y el control de la actividad humana favorecen la presencia de aves y otros organismos. Informes de seguimiento han documentado especies de interés como aves esteparias y rapaces, gracias también a medidas activas de restauración ecológica implementadas en muchas plantas.
Apoyo social y percepción
Encuestas indican que ocho de cada diez españoles considera la fotovoltaica una alternativa viable y sostenible, y casi el 67% opina que es la tecnología que más debe impulsarse a nivel nacional y autonómico. Este respaldo facilita la ejecución de proyectos y la transición hacia un mix energético menos dependiente de combustibles fósiles.
Datos como los citados por la patronal y los estudios académicos confirman que esta tecnología se ha consolidado como un vector de crecimiento, empleo y resiliencia para el país.