En la última sesión de la Cámara Baja, los diputados no alcanzaron la mayoría necesaria para validar el real decreto-ley de lobbies aprobado a finales de agosto. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo para habilitar el registro de grupos de interés a nivel estatal, estaba vinculada a la consecución de la totalidad de los fondos europeos que España tiene asignados, un paquete de 26.000 millones de euros.
El proyecto, que había entrado en vigor apenas una semana antes, obligaba a cualquier entidad que mantuviera encuentros con autoridades del Estado a inscribirse en dicho registro, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Entre los primeros adherentes se encontraban compañías como Renault, Tesla, Enagás, Danone o HP, y también quince ONGs y varias fundaciones.
Derogación del decreto y riesgo de recorte de fondos
El miércoles, los votos contrarios del Partido PopularVox y Junts obligaron al Gobierno a retirar la norma, lo que podría traducirse en una pérdida de hasta 1.500 millones de euros según la metodología orientativa de la Comisión Europea. Las fuentes oficiales advierten que la cifra final podría ser menor, ya que el propio mecanismo de pagos permite ajustes según la gravedad del incumplimiento.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López trató de salvar la votación ofreciendo una revisión del texto antes de octubre y la posibilidad de excluir a sindicatos y patronales. Sin embargo, la portavoz del PP, Edurne Uriarte rechazó la propuesta, argumentando que «votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los lobbies» y culpó al Ejecutivo de «dejación e irresponsabilidad» por no avanzar el proyecto presentado en 2025.
Reacciones encontradas entre empresarios y grupos de presión
La anulación ha desatado una fuerte división. La patronal, representada por la CEOE y los sindicatos se han mostrado reacios a figurar en el registro, calificándolo de una medida que ignora sus funciones representativas constitucionales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi anunció que la organización suspenderá cualquier contacto con el Gobierno hasta que se resuelva el conflicto.
Por otro lado, el sector del lobby considera la derogación como «una oportunidad perdida para aportar transparencia y seguridad jurídica al diálogo entre sector privado y público». Así lo expresa Carlos Parry presidente de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) quien insiste en la necesidad de una regulación estatal estable, equilibrada y con amplio respaldo parlamentario. Parry destaca que el texto rechazado había incorporado la mayoría de las propuestas de los grupos parlamentarios y cumplía con los estándares europeos incluida la interoperabilidad con registros autonómicos y municipales.
Mientras tanto, empresas del Ibex 35 no han manifestado un rechazo abierto, aunque su ausencia del registro en la primera semana se ha interpretado como una postura de resistencia al nuevo marco regulatorio.
