En la junta de accionistas de 2026 celebrada en Madrid, el presidente Florentino Pérez anunció un dividendo anual de 2,4 euros, lo que equivale a un incremento del 20% respecto al ejercicio anterior. La decisión llega acompañada de un discurso en el que se atribuye la apreciación bursátil de la compañía a una disciplina en la asignación de recursos, una gestión rigurosa del riesgo y una ejecución eficiente.
Además, Pérez puso en valor que el grupo cerró 2026 sin deuda, un hito que refuerza la capacidad de la empresa para aprovechar oportunidades de crecimiento y mantener protección patrimonial para el accionista.
Durante su intervención también se detallaron cifras de rendimiento: la rentabilidad total para el accionista fue del 81,6% en 2026 y en lo que va de 2026 se alcanza ya el 63%.
En términos más amplios, la compañía registra una rentabilidad media anual del 46% en los últimos cinco años y del 17% en el último cuarto de siglo, periodo en el que su valor en bolsa se ha multiplicado por 54.
Estos datos subrayan el foco del grupo en generar valor sostenido y en priorizar retornos para sus inversores.
Dividendo y plan de financiación
La propuesta sometida a la junta incluye una ampliación de capital por un máximo de 670 millones de euros destinada a atender el pago de dos dividendos flexibles previstos para julio y febrero. Concretamente, en los próximos tres meses se plantea una primera ampliación de hasta 525 millones (frente a los 475 millones del año anterior) y una segunda, en el primer trimestre de 2027, que no excederá de 145 millones (ante los 125 millones de la convocatoria previa). En conjunto, las ampliaciones propuestas crecen un 11,7% respecto a las aprobadas en la junta de 2026, cuando se autorizó un total de 600 millones.
La operativa prevista reserva la primera ampliación para cubrir el dividendo complementario de julio (el último reparto fue de 1,557 euros por acción o la alternativa de una acción por cada 35) y la segunda para financiar el pago de febrero (último importe conocido: 0,457 euros o una acción por cada 203). Estas fórmulas combinan el reparto de efectivo con la posibilidad de capitalización mediante nuevas acciones, una práctica habitual para equilibrar liquidez y retorno al accionista.
Resultados, balance y prioridades estratégicas
El grupo cerró 2026 sin deuda, mejorando su posición en más de 700 millones de euros respecto al cierre del año anterior a pesar de haber realizado inversiones estratégicas relevantes. Según la dirección, este balance proporciona flexibilidad financiera para abordar proyectos con prudencia y para proteger el valor en distintos escenarios de mercado. El consejero delegado, Juan Santamaría, añadió que los vectores de crecimiento prioritarios son la infraestructura digital, la energía, los minerales críticos vinculados a la transición energética, la defensa, la industria biofarmacéutica y la infraestructura social, sectores que combinan demanda estructural y oportunidades de contrato a medio y largo plazo.
Evolución histórica y origen
En su repaso histórico, la dirección recordó los orígenes de la compañía con la adquisición de Construcciones Padrós al Fondo de Garantía de Depósitos, una firma entonces de menos de 100 empleados y con una facturación aproximada de 1.000 millones de pesetas (unos 6 millones de euros). Lo que comenzó como una constructora de base nacional —con alrededor de 3.000 millones de euros de facturación y una capitalización bursátil cercana a 1.000 millones en etapas tempranas— se transformó con los años en un grupo internacional de infraestructuras e ingeniería con la mayor parte de su actividad fuera de España.
Gobierno corporativo y plan de incentivos
En el orden del día también figuraron la reelección de Deloitte como auditor para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, la ratificación de Juan Santamaría como consejero ejecutivo y la reelección de María José García Beato como consejera independiente. Además, se propuso un plan de incentivos a largo plazo para directivos y profesionales basado en la entrega de acciones liberadas y opciones sobre acciones por un máximo de 1.150.000 títulos, equivalentes a unos 158 millones de euros según la cotización de 137,6 euros. La liquidación de estos derechos se distribuirá en un plazo máximo de cinco años, con entregas al 50% en el cuarto y quinto año desde la puesta en marcha del plan.